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Titolo: Plan de Gobierno Fuerza Popular

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PLAN DE GOBIERNO DE FUERZA POPULAR

PLAN PERÚ

AL PAÍS

El Plan de Gobierno de Fuerza Popular representa un compromiso con el futuro del Perú. En los últimos
años hemos recorrido el país recogiendo los problemas de nuestras comunidades, ciudades, pueblos y
caseríos, así como organizando bases de representación política que asuman la tarea de seguir recibiendo
el sentir de los ciudadanos y asegurarles un vínculo permanente de rendición de cuentas de nuestra gestión
política.

Desde Fuerza Popular hemos hecho lo que todo partido político consecuente está llamado a hacer: recoger
el mandato de los ciudadanos para poder atender sus demandas sociales. Por ello, podemos sostener con
mucho orgullo que el presente documento recoge el conjunto de necesidades de las grandes mayorías del
país, así como las soluciones discutidas con ellas en el mismo lugar de los hechos, junto con la experiencia
de un sólido grupo de técnicos.

Nuestra labor ha sido recoger la visión y el anhelo de millones de peruanos: La de un país seguro donde
todos vivamos en armonía entre nosotros, con nuestras comunidades y el medio ambiente, todo ello con
un crecimiento económico que beneficie a todos los peruanos, que permita ver reflejado el progreso de
nuestros compatriotas y de manera especial el futuro próspero de aquellos que aún tienen menos
oportunidades de desarrollo.

De nuestra parte ofrecemos la más firme decisión política para implementar las reformas que el país viene
esperando, y ese será nuestro principal aporte al país.

El presente es un Plan de Gobierno hecho por peruanos y para los peruanos. Nuestro agradecimiento a
cada unos de los compatriotas de la costa, de la sierra y de la selva, que con su conocimiento de la realidad,
de su medio ambiente y con su sabiduría ancestral, nos han permitido presentarle al país el “Plan Perú”.


Keiko Sofía Fujimori Higuchi






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UN PERÚ PARA TODOS CON UN PLAN DE TODOS

BIENESTAR COMPARTIDO CON OPORTUNIDADES



NUESTRA VISION DEL PERÚ


LA REFORMA QUE TRAJO EL CRECIMIENTO Y LA PAZ SOCIAL

El Perú de hoy no puede entenderse sin un análisis comprehensivo de sus últimos 25 años de historia, es
decir desde que el Fujimorismo llegó al poder a inicios de los noventa y transformó las bases económicas
y sociales del país. Hasta 1992, la Constitución de 1979 había cumplido 13 años de vigencia y reflejaba la
visión de los partidos políticos tradicionales. Su impacto -unido a los desaciertos- fue muy negativo: la
economía del país se redujo con un promedio de decrecimiento anual de -0.3%, el déficit de las empresas
estatales alcanzó el 5% del producto bruto interno, y la hiperinflación llegó a alcanzar la tasa mensual de
397% en el mes de Agosto de 1990, llegando a una tasa máxima anual de 7,650 %. La debilidad de la
economía contribuyó a que el Estado deviniera en incapaz de proveer servicios públicos a los ciudadanos
lo que ocasionó, además, que la pobreza alcance al 55% de los peruanos y la pobreza extrema al 24%. La
debilidad del Estado fue tan extrema que fue incapaz de ejercer su función básica, el control del orden y
la seguridad, permitiendo que grupos terroristas impongan la violencia y el miedo contra la población.

La Constitución de 1993 y las reformas hechas a su amparo fueron el punto de partida de la
transformación del país. Es evidente que su modelo ha producido efectos positivos. En los últimos 15
años, hemos vivido pues, una época de bonanza económica sobre las bases de la Constitución de 1993 y
una situación externa que nos ha resultado muy beneficiosa. Sin embargo, la acción deficiente del Estado
ha producido un desarrollo claramente desigual en los diferentes sectores de la sociedad peruana. Por un
lado, han tenido un desarrollo espectacular los sectores como la banca, finanza, comercio, turismo, la
agricultura moderna costeña y la pesca industrial, mientras que por el otro lado, los sectores económicos
populares emergentes como la agricultura tradicional, la pesca artesanal, el comercio y la minería informal
no han tenido las condiciones propicias para un desarrollo dinámico.

Esta desigualdad de trato también se ha visto reflejada en la ausencia de servicios básicos, en las
debilidades que enfrenta la seguridad ciudadana, en la deficiencia del sistema de control e inoperancia de
la administración de justicia, lo que está generando diversos problemas de gobernabilidad en el país.

¿Cómo puede sostenerse que el modelo es un éxito si la pobreza multi-dimensional, es decir la que se
mide en base al acceso a servicios de educación, salud o agua y saneamiento, no tuvo grandes avances?
El Estado es incapaz de rendir cuentas y responder a las necesidades de servicios básicos de la población.
La inequidad en el acceso a servicios es la evidencia más grande de las brechas generadas entre los
peruanos. No solamente 15% de la población escolar no termina primaria ni 30% secundaria. Estas cifras
son más graves aun en el caso de los pobres extremos y pobres rurales donde la no conclusión alcanza al
40% y 60% respectivamente. Similar situación se presenta en la desigualdad de aprendizajes al comparar
los resultados de las escuelas urbanas y rurales. En el 2014 la desigualdad de aprendizaje alcanzo 16
puntos en matemáticas y 33 en comprensión lectora. El ocupar uno de los últimos lugares en la prueba
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PISA confirma que la calidad de la enseñanza es muy pobre. Un reporte del Banco Mundial explica como
los programas públicos de capacitación técnica, que representan el 30 por ciento de la formación,
invierten muy poco en equipos y a menudo no dotan a los estudiantes con las habilidades requeridas en
el mercado laboral. Aún más la brecha de ingresos es de preocupación, mientras el hombre alcanza un
nivel anual de INB per cápita de US$13,607 (PPA), la mujer solo llega a US$8,942 (PPA).

En materia de salud existen también déficits en la calidad de los servicios prestados y brechas que generan
grandes inequidades de acceso entre los peruanos. Casi 3 millones de viviendas y sus familias no tienen
acceso a agua potable ni saneamiento. Esta brecha muestra además una inequidad en el acceso cuando
se compara el déficit urbano del 10.5 %, con el rural que alcanza al 60.4 %.

De otro lado, la inseguridad y violencia han crecido a tal punto, que han llegado a convertirse en el
principal problema para la mayoría de peruanos. Y son los distritos más pobres los más afectados, pues
los distritos que tienen recursos pueden proveer mayor seguridad con sus serenazgos. Por otro lado, las
instituciones policiales y judiciales no han podido controlar la delincuencia y el narcotráfico, debido a una
mezcla de debilidad organizacional, corrupción interna y falta de decisión política.

La alta conflictividad social ha sido capaz de detener el inicio de importantes proyectos mineros de nuestro
país, esto demuestra el descontento de las comunidades respecto de la manera en que los recursos
naturales son explotados y cómo son distribuidas las rentas. Hoy esta distribución empieza a ser
severamente cuestionada por los ciudadanos, por la falta de gestión, por la corrupción y la indiferencia
de un Estado que no ha transformado estos presupuestos en beneficios para la población. Aún no sienten
que hay una distribución justa ni equitativa.

La Reforma Institucional Pendiente

El modelo de desarrollo forjado en los noventa y empleado en los últimos 25 años requiere pues de
muchos ajustes. La mayor evidencia de ello es el mayoritario descontento que hoy muestra la población,
a pesar de estar en un país que creció en los últimos 10 años a una de las tasas más altas de la región. En
nuestro análisis del país, creemos que el descontento y la falta de cohesión social son producto de cuatro
factores:
I.
La ausencia de Instituciones Eficientes que cumplan con sus objetivos estratégicos y logren los
impactos de desarrollo sostenible al menor costo en tiempo, en recursos financieros y no
financieros.
II.
La ausencia de Instituciones Inclusivas que son las que deberían sentar las bases de un Estado
para todos los peruanos.
III.
La carencia de Instituciones que Rindan Cuenta y Respondan a las necesidades de los ciudadanos,
y que deberían ser la base de un Estado capaz de prestar servicios de calidad.
IV.
La ausencia de Instituciones Abiertas que deberían ser la base de un Estado que toma decisiones
transparentemente, con equidad y sin privilegios particulares.

El descontento de nuestros compatriotas no es porque los peruanos seamos ingratos sino porque el
Estado no consolidó instituciones que generen oportunidades para todos, convirtiéndose en un Estado
cerrado y excluyente, dejando fuera la posibilidad que muchos compatriotas puedan integrarse a la
economía de mercado y llevar sus ideas y necesidades a través de su participación en la política.



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El Impacto de la Ausencia de Instituciones

Las comunidades campesinas, los mineros informales, los pescadores artesanales, y en general todos los
emprendedores que no encuentran espacio para desarrollar sus proyectos no se encuentran en contra
del progreso, como algunos se han atrevido a sostener, sino que no han encontrado mecanismos para
que sus intereses sean realmente representados en las decisiones de política pública. Todos ellos no son
sino los mismos peruanos que han visto un Estado que se ha ido alejando de ellos, que se ha dedicado a
promover ciertos sectores empresariales con el argumento de que solo las grandes inversiones traen el
crecimiento al país. Si bien dichos sectores traen inversión y crecimiento, y en algunos casos muy
encomiables, traen además innovación, productividad y empleo de calidad, el modelo no ha logrado
garantizar la equidad perseguida con el fin de que el crecimiento beneficiara también a todos aquellos
que se sienten excluidos.

La falta de instituciones eficientes genera un desperdicio de recursos públicos que va por dos lados. En
primer lugar, lo que se gasta o invierte no logra alcanzar los objetivos planteados. En segundo lugar, se
deja de ejecutar parte de los fondos disponibles por la poca capacidad de identificar y gerenciar los
proyectos que permitirían solucionar los problemas principales del país.

La falta de instituciones inclusivas generan tensiones entre los sectores más modernos de nuestra
economía y sectores de la población que no han podido recibir las ventajas de incorporarse a la economía
de mercado. Fuerza Popular entiende que el Perú tiene diversas realidades, y que si bien en buena parte
del país los conceptos de economía de mercado y su correlato de la maximización de los intereses
individuales a través de la competencia pueden ser plenamente aceptadas, existe un Perú donde el
bienestar de la comunidad es tan importante como el de cada individuo. Muchas comunidades
campesinas mantienen una organización basada en la pequeña parcela familiar pero su cohesión social se
basa en mecanismos de reciprocidad y trabajo en común ancestrales. No hay que ver en ellos una
negación del mercado sino una manera propia y comunitaria de organizarse internamente que no
contradice la posibilidad de que se integren a los mercados. Pero esta visión comunitaria hace también
que su entorno y medio ambiente sean fundamentales para la existencia de su modelo social. Por ello en
muchos casos las comunidades se enfrentan a los intentos de diferenciar la comunidad de su entorno, de
sus recursos naturales y consideran que los bienes de su comunidad deben protegerse, que el medio
ambiente en el que han vivido por siglos debe cuidarse. Esta falta de entendimiento de ese Perú ancestral,
ha sido una de las causas del desencuentro entre los que creen en la inversión privada y su importancia
para el crecimiento y desarrollo del país, y quienes creen que siendo ello importante, más aún lo es cuidar
sus entornos de vida. Fuerza Popular cree en la importancia y validez de ambas perspectivas. Conciliar
estas dos visiones mediante instituciones inclusivas es parte de la nueva propuesta de gobierno que
traemos.

La falta de instituciones que rindan cuenta y respondan a las necesidades de los ciudadanos es la que
impide que la reducción de la pobreza multidimensional haya sido un objetivo y resultado importante de
las políticas estatales, en los últimos 15 años, manteniendo las inequidades en el acceso a servicios de
educación, salud, agua y saneamiento entre los peruanos. También es la que causa que muchos sectores
de emprendedores perciban al estado y sus regulaciones como el gran obstáculo para desarrollar sus
proyectos y beneficiarse del crecimiento del país.

Finalmente, la ausencia de Instituciones Abiertas hace que muchos compatriotas no confíen en el Estado
ni puedan cumplir sus regulaciones y mandatos, como es el caso del desencuentro existente entre muchos
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nuevos emprendedores y el Estado, desencuentro que propicia la informalidad económica. Muchos
sectores de emprendedores consideran que el Estado responde principalmente a ciertos intereses.
Pero este fenómeno no es otra cosa más que un mercantilismo cada vez más sofisticado, donde el Estado,
ha claudicado de sus funciones regulatorias para proteger a los consumidores o sobre regulando
segmentos de la economía que se ven forjados a cobijarse en la informalidad. Por ello, los objetivos de
Estado de garantizar la libertad individual, la libre competencia y la igualdad ante la ley no cuentan con
mecanismos que los hagan reales y efectivos.

Cómo construir Instituciones

Creemos que la sociedad y sus leyes deben premiar a los que se esfuerzan. Por ello la libertad individual
y la económica solo serán efectivas si garantizan que los peruanos podamos apropiarnos de nuestro
propio esfuerzo, de nuestro trabajo y emprendimientos y así prosperar. Las instituciones deben fijar los
incentivos para que estos impactos se produzcan. Pero sabemos también que el ejercicio de estas
libertades generan desigualdades económicas, donde unos obtienen más ganancias y recursos que otros,
donde unos logran acumular más riqueza que otros. Las buenas instituciones garantizan que los que
obtienen más riqueza y prosperan sean la mayoría, y no solo ciertas minorías, como lamentablemente es
el caso del Perú.

Para que nuestra sociedad logre estabilidad necesitamos instituciones que lleven prosperidad a todos los
peruanos. El modelo de desarrollo del país será aceptado y nuestro país tendrá cohesión social solo si la
riqueza y prosperidad que llega a los que más se esfuerzan, alcanza y lleva también beneficios a los que
menos tienen. No hay injusticia en que unos tengan más que otros siempre que la situación de los que
tienen menos también mejore.

Para que las desigualdades producto del esfuerzo personal sean aceptadas socialmente, todos los
peruanos tenemos que estar convencidos que el sistema económico y político nos da a todos las mismas
oportunidades de competir con igualdad de condiciones, innovar, emprender y apropiarnos del producto
de nuestro esfuerzo en favor de nuestra prosperidad y la de nuestras familias. Para ello se requiere de
instituciones que respondan a los intereses, preocupaciones y necesidades de todos los grupos sociales;
y que sean definidas transparentemente sobre la base de la competencia de intereses, privilegiando a
aquellos que traen más beneficio a la sociedad en su conjunto.

Nuestra propuesta de gobierno reconoce que las condiciones para competir, iniciar emprendimientos,
obtener empleos no son iguales para todas las familias peruanas. Sin instituciones que garanticen la
educación, salud y nutrición de calidad, los jóvenes de menores recursos no pueden competir en la
búsqueda de empleo con los más favorecidos. Sin instituciones que adapten las necesidades regulatorias
a las características económicas y sociales de los emprendimientos los nuevos emprendedores no podrán
competir en igualdad de condiciones contras las empresas consolidadas ni integrarse a los mercados. Por
ello, Fuerza Popular trajo con su nacimiento el concepto de Oportunidades para Todos, porque el Estado
tiene el rol de "igualar la cancha" para que todos los peruanos podamos competir con una base mínima
de igualdad de condiciones.

La visión que hemos recogido de todos los peruanos, busca un país seguro donde todos vivimos en
armonía entre nosotros, con nuestras comunidades y el medio ambiente; con crecimiento económico que
beneficie a todos los peruanos, que premia su esfuerzo y que busca hacer realidad sus sueños de
prosperidad.

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LOS PILARES DE NUESTRA PROPUESTA DE REFORMA

Nuestro Plan de Gobierno intenta reflejar las ideas y necesidades de todos los peruanos, para lo cual está
organizado en seis pilares, atendiendo a las recomendaciones del Jurado Nacional de Elecciones y que
creemos responden a los principales retos del país e incluyen las instituciones que debemos poner en
operación para que la prosperidad y las oportunidades lleguen a todos los peruanos.

I.
Primer Bloque: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
Fortaleciendo las Instituciones del Estado de Derecho, la Justicia y los Derechos Humanos, donde
consolidamos un verdadero balance e independencia de los Poderes del Estado y una efectiva
protección a los derechos de las personas.
II.
Segundo Bloque: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS
Creando un Estado que responde a las necesidades de los ciudadanos, donde todos los peruanos
tenemos acceso a servicios de calidad y la oportunidad de prosperar.
III.
Tercer Bloque: ESTADO GOBERNABILIDAD
Recuperando un País Seguro, para vivir Con Paz y Sin Miedo.
Creando un Estado Eficiente, que responde a las necesidades de los peruanos y les rinde cuentas
por sus actos.
IV.
Cuarto Bloque: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
Consolidando instituciones económicas inclusivas y abiertas a la competencia, donde se
promueve las iniciativas de nuestros emprendedores, se equilibra los intereses de la inversión con
el medio ambiente y nuestras comunidades, y se garantiza que el crecimiento llegue a todos los
peruanos.
V.
Quinto Bloque: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA
Un Boom de Inversiones Sociales y Productivas, donde integramos al país económicamente.
VI.
Sexto Bloque: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE: Industrias Productivas





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PRIMER BLOQUE: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

Fortaleciendo las Instituciones del Estado de Derecho, la Justicia y los Derechos
Humanos, donde consolidamos un verdadero balance e independencia de los
Poderes del Estado y una efectiva protección a los derechos de las personas.



DERECHOS HUMANOS

La obligación del estado de tutelar los Derechos Humanos, es un hecho reconocido por todos los
peruanos. Sin embargo, también existe una percepción negativa respecto al cumplimiento del rol del
Estado en la defensa de los derechos relacionados al acceso a la justicia, a un medio ambiente sano y
sostenible, a una vida digna, a la igualdad y a la no discriminación.

Problema 1: Alta conflictividad social
La agudización de los conflictos sociales han afectado la vida y la integridad de las personas, reflejando la
escasa capacidad del Estado para prevenirlos y solucionarlos. Se requiere prestar especial atención a la
problemática vinculada a la regulación y fiscalización ambiental, la minería y la tala ilegal, la remediación
de los pasivos ambientales y los procesos de consulta previa.

Problema 2: Inaceptables condiciones carcelarias
Las condiciones de reclusión no respetan los estándares mínimos internacionales. El hacinamiento, la
corrupción y la falta de control son inaceptables. Las cárceles no tienen un efecto resocializador. La mitad
de la población penal no tiene sentencia y existe una gran carencia de personal penitenciario, médicos y
psicólogos en números suficiente para atender a los internos. Existen niveles epidémicos de TBC y VIH.

Problema 3: La Reconciliación Nacional
Es una tarea pendiente la culminación del proceso de reconciliación nacional, así como la implementación
de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación. No se ha concluido el proceso
de reparaciones individuales ni colectivas. No se ha considerado la reparación a las Fuerzas Armadas, a la
Policía Nacional y a los Comités Autodefensa.

Problema 4: Discriminación y violencia contra la mujer
Aún existen altas tasas de feminicidio y de prevalencia de violencia hacia la Mujer. El número de Hogares
de refugio temporal para las víctimas de la violencia familiar es insuficiente y aquéllos que funcionan no
proporcionan una protección y apoyo adecuado a las víctimas. La insensibilidad de los operadores de
justicia, el escaso acceso a la justicia y la poca efectividad en el cumplimiento de medidas de protección
son factores limitantes para detener la violencia contra la mujer. La labor de prevención es insuficiente y
desarticulada.

Problema 5: Abusos contra nuestros niños deben detenerse
Los mecanismos de protección a niños, niñas y adolescentes deben ser fortalecidos. Las investigaciones
tutelares carecen de acciones de seguimiento por falta de presupuesto, personal y oficinas

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desconcentradas a nivel nacional. Los albergues son insuficientes y la trata, el trabajo y la explotación
infantil lamentablemente es un problema vigente.

Problema 6: Falta de seguimiento y fiscalización de políticas orientadas a apoyar a las personas con
discapacidad
No obstante existir políticas dirigidas a dar oportunidades, en particular de educación, empleo,
accesibilidad y rehabilitación a las personas con discapacidad, éstas no vienen siendo implementadas ni
hay un seguimiento de su avance.


PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS PONDREMOS EN EJECUCION LAS SIGUIENTES POLITICAS
PUBLICAS:

• Protección efectiva de los DDHH a través del fortalecimiento del Viceministerio de Derechos
Humanos, la transversalización de la política de DDHH en toda política pública y la articulación
intergubernamental e intersectorial.
• Promover una cultura de paz y reconciliación nacional a través del cumplimiento de la obligación
del Estado de brindar reparaciones, erradicar la impunidad y fortalecer la educación en Derechos
Humanos en todos los niveles.
• Orientar el presupuesto público a la generación de una vida digna con igualdad de oportunidades
y apoyo a las poblaciones objeto de especial protección.
• Culminar el proceso de reparaciones establecido en el Plan Integral de Reparaciones – PIR
mediante Ley N° 28592 (Periodo Mayo de 1980 a Noviembre del 2000). Además reconocer la
importancia de reparar los daños sufridos por las familias de nuestros policías y soldados que
enfrentaron al terrorismo.
• Alentaremos la participación en el Perú para perfeccionar los mecanismos y organismos de
vigilancia del sistema internacional de DDHH.
• Impulsaremos las medidas y el presupuesto para entregar a cada familia los cuerpos de las
víctimas de desapariciones forzadas.
• FUERZA POPULAR reconoce el trabajo de diagnóstico realizado por la Comisión de la Verdad y
Reconciliación en cuanto constituye un primer instrumento para encontrar la verdad de los
hechos sucedidos en la época del terrorismo y para reconciliar al país. Deseamos construir un país
unificado libre de resentimientos y rencores, sin odios ni divisiones de ninguna índole, donde
nuestro objetivo central como gobierno será trabajar de manera coordinada con todos los
sectores del país para el beneficio de la población en general.
• Nuestra meta será que el 100% de peruanos accedan a la identidad. Especialmente en las zonas
más alejadas del Perú.
• Fortalecer el sistema nacional de procuradores supranacionales a fin de evitar sentencias que
denigran al Estado Peruano, especialmente en caso de indemnizaciones a terroristas.

2. EN MATERIA DE PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES SE PONDRAN EN FUNCIONAMIENTO LAS
SIGUIENTES POLITICAS PUBLICAS:

• Prevenir los conflictos a través de la creación del Sistema Nacional de Prevención y Gestión de
Conflictos Sociales, con el fin de contribuir a la gobernabilidad democrática, a la solución pacífica
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de los conflictos sociales, coadyuvando al mejoramiento de las condiciones de vida de la población
y la promoción de las inversiones. Trabajaremos por la sana convivencia de las actividades
extractivas con la agricultura.
• Es indispensable rescatar y reconstruir la relación entre el ciudadano y el Estado, a través de la
institucionalización del diálogo como mecanismo para transformar el conflicto en una
oportunidad de desarrollo.
• Fortalecer la gestión y el rol de los organismos de fiscalización ambiental. Aplicar sanciones
efectivas como consecuencia del incumplimiento de las normas ambientales.
• Implementar los mecanismos de consulta previa, en los casos que corresponda.

3. EN MATERIA DE REGIMEN PENITENCIARIO EJECUTAREMOS LAS SIGUIENTES POLITICAS PUBLICAS:

• Desarrollar un programa de infraestructura penitenciaria, proporcional a la población penal, para
tener establecimientos penitenciarios seguros y que promuevan la resocialización
• Modernizar la carrera penitenciaria.


4. EN MATERIA DE IGUALDAD DE GENERO IMPLEMENTAREMOS LAS SIGUIENTES POLITICAS PUBLICAS:
• Implementaremos una política multisectorial eficaz para prevenir el feminicidio a través de la
creación desde el Gobierno Central de hogares de refugio temporal, programas de
empoderamiento económico de la mujer víctima de violencia, la instalación de servicios de ayuda
rápida en comisarías, entre otros. En el ámbito de la prevención crearemos un programa especial
para prevenir la violencia en parejas recién casadas y trabajaremos redes familiares y sociales de
soporte de las víctimas
• Crearemos una instancia de coordinación del más alto nivel que vigile y exija el cumplimiento de
los planes nacionales de trata, violencia contra la mujer, erradicación del trabajo infantil, lucha
contra el trabajo forzoso, igualdad de oportunidades de mujeres y personas con discapacidad a
fin de que estos no sean la suma de actividades de cada sector sin presupuestos específicos, y que
operan aislados e inconexos.
• Sobre la base de un consenso nacional aprobaremos una política orientada a garantizar el derecho
de la mujer a la definición de la oportunidad y el tamaño de su familia.
• Estableceremos políticas orientadas a garantizar la igualdad de remuneración de la mujer. Así
como facilitar su acceso y permanencia en el empleo.
• Implementaremos políticas publicas para garantizar el acceso universal y la asistencia de las niñas
a las escuelas.

5. EN MATERIA DE PROTECCION A LA NIÑEZ, IMPLEMENTAREMOS LAS SIGUIENTES POLITICAS PUBLICAS:

• Vigilar el cumplimiento de las medidas de protección; garantizar los derechos de los niños, niñas
y adolescentes; creación de mayor numero de albergues; fortalecer y descentralizar las oficinas
desconcentradas de investigación tutelar; erradicar el trabajo infantil y la trata de personas; crear
mecanismos de protección especial y empoderamiento en favor de niños, niñas, adolescentes,
adultos mayores y mujeres víctimas de violencia; mejorar y fortalecer el sistema de reeducación
de adolescentes infractores a la Ley penal.
• Crearemos políticas y programas dirigidos a eliminar el castigo corporal y trato humillante contra
niños niñas y adolescentes.

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Crearemos un programa de rescate, protección y rehabilitación social de niños secuestrados y
reclutados forzosamente por el narcoterrorismo


6. EN MATERIA DE POLITICAS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, IMPLEMENTAREMOS LAS
SIGUIENTES ACCIONES:

• Hacer efectiva la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, promoviendo la
normatividad y reglamentación de la misma, dado que no se está ejecutando en su gran mayoría,
postergando un derecho adquirido. Potenciaremos los mecanismos de fiscalización para el
cumplimiento de las cuotas de 5% y 3% respectivamente, para el sector público y privado, a favor
de las personas con discapacidad.
• Otorgar una Pensión de invalidez para las personas con discapacidad total / severa en situación
de pobreza, dentro del marco de los programas sociales vigentes.

• Fortalecer el liderazgo del CONADIS (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacidad), a través de normativas claras y un trabajo consensuado con las organizaciones de
discapacidad. Esta organización deberá contar con autonomía a su vez con controles y
fiscalización permanente.
• Promover un acuerdo nacional con las organizaciones civiles de discapacidad, que permita
desarrollar acciones concretas en favor de la educación, salud y trabajo de las personas con
discapacidad.
• Fortaleceremos, los programas de formación laboral y ocupacional con el objetivo de lograr una
inserción laboral de las personas con discapacidad; promoviendo una secuencia y estructuración
entre la educación y trabajo.



EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA

En todos los índices de competitividad el Perú siempre está en los últimos lugares, en lo que se refiere al
sistema de justicia. Los índices de aprobación ciudadana, sobre nuestra justicia, están llegando a niveles
inaceptables (menos del 10%).

Es necesario ejecutar, como política de Estado, una verdadera reforma del sistema de justicia, liderando
con valentía y decisión, en forma coordinada con las instituciones que conforman el sistema de justicia,
los necesarios cambios que en democracia se deben dar, para acercar la justicia al pueblo peruano.
Cualquier país que pretenda otorgar a sus ciudadanos un sistema de justicia aceptable en términos de
servicio y calidad de las decisiones, debe tener jueces independientes e imparciales, infraestructura
básica, autonomía en la ejecución de su presupuesto, sistemas procesales eficientes y un sistema
adecuado de control judicial.

Problema 1: Ejercicio precario de la magistratura
La gran mayoría de los jueces en nuestro país ejercen sus funciones de manera precaria: i) en instalaciones
inapropiadas; ii) escasas herramientas de trabajo; iii) excesiva carga procesal; iv) asistentes o auxiliares
jurisdiccionales insuficientes; v) sin estabilidad en el cargo (pueden ser trasladados a otros despachos); vi)
no se respeta su especialidad; vii) sin capacitaciones de calidad académica; viii) sin acceso a materiales
bibliográficos, etc. La independencia e imparcialidad de los jueces, no solo debe apreciarse desde que son
nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura (en adelante el CNM), sino también por las
condiciones en las que ejercen sus funciones. Los jueces deben estar protegidos frente a las injerencias
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internas (de los propios órganos no fiscalizadores del Poder Judicial) y externas (influencias políticas o
económicas).

Problema 2: Excesiva provisionalidad en el ejercicio de la magistratura
Diversos organismos internacionales dedicados a la protección de los Derechos Humanos y a la Justicia,
coinciden que la provisionalidad de los jueces podría constituir un riesgo para la independencia del Poder
Judicial y que, en todo caso los jueces provisionales deben contar con las mismas garantías que los
nombrados para el ejercicio de sus funciones.

Problema 3: Excesiva carga procesal
La Ley Orgánica del Poder Judicial data de 1991 y determina la cantidad de jueces supremos en un número
de 18, de los cuales 14 ejercen la labor de juzgamiento en tres salas supremas (Civil, Penal y
Constitucional). En total, nuestra Corte Suprema tiene una carga procesal equivalente a 42,649 casos o
expedientes. Esta enorme carga procesal, viene de años atrás y para enfrentarla se decidió crear
temporalmente salas transitorias porque era humanamente imposible que 14 o 15 jueces supremos
puedan atender semejante carga, situación que hasta la fecha subsiste.

Problema 4: Precaria infraestructura básica en el sistema de administración de justicia
En la actualidad no existe un estudio (por lo menos público), que refleje los graves problemas que padece
el Poder Judicial con relación a su infraestructura básica. En las condiciones presupuestales actuales no es
posible que se utilicen las nuevas tecnologías para mejorar el sistema de justicia: notificaciones
electrónicas, grabación de audiencias, videoconferencias para audiencias con reos en cárcel, etc.
Respecto de la infraestructura inmobiliaria el tema es crítico. Por ejemplo en el Distrito Judicial de Lima,
que es el que concentra la mayor carga procesal, se alquilan diversos inmuebles, muchos de ellos en
condiciones precarias, para ofrecer a los ciudadanos un servicio de justicia que no responde a ningún
estándar internacional mínimo.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES:

1. ATENCION A LA “JUSTICIA SOCIAL”: Hay dos sectores de nuestro sistema de justicia que se encuentran
en total abandono: la justicia constitucional (derechos humanos) y la justicia de familia (protección al
menor, a la madre desamparada, etc.).

• El Poder Ejecutivo en coordinación con el Poder Judicial, deberá priorizar la asignación de recursos
económicos para afrontar el colapso de estos dos sectores tan sensibles del sistema de justicia y,
que, además, se encargan de atender a los ciudadanos más necesitados, como por ejemplo: los
pensionistas, los niños en peligro o riesgo de abandono, o las madres alimentistas.
IMPLEMENTAREMOS LOS PRINCIPIOS DE ORALIDAD Y CELERIDAD PARA MEJORAR LA ATENCION
DE ESTOS DOS PROBLEMAS.
• Crear una comisión especializada que determine aquellos casos en los que el Estado litiga de
manera innecesaria, dilatando los procesos y afectando los legítimos derechos de los
pensionistas. Incluso la ONP ejerce defensa judicial en casos en los que el Tribunal Constitucional
ya creo precedentes a favor de los pensionistas. Con las recomendaciones de la comisión, los
procesos terminarían de manera anticipada como consecuencia del reconocimiento de los
derechos de los pensionistas, por parte del Estado.
• Replantear de manera urgente el sistema de defensa judicial del Estado. Esto generaría un efecto
inmediato en la capacidad de atención de los juzgados.
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Implementar y fortalecer en coordinación con el Poder Judicial y a nivel nacional, los juzgados de
paz por elección popular. Esta es la mejor manera de que los ciudadanos participen activamente
con el sistema de justicia, tal como lo manda el artículo 152° de la Constitución y su actual
regulación legal.


2. MEDIDAS LEGISLATIVAS URGENTES:
• Reforzar la autonomía e independencia de la Procuraduría General del Estado.
• Como parte de una política de Estado para descongestionar al Poder Judicial y de manera especial
a la Corte Suprema se propone lo siguiente: i) eliminar funciones administrativas que los jueces
realizan a través de los procesos no contenciosos (inventario, adopción, patrimonio familiar, etc.)
y que pueden ser ejercidas por notarios o jueces de paz; ii) Limitar, a propuesta de la Corte
Suprema, el acceso a la Corte Suprema, regulando de manera adecuada los recursos (ej. casación)
que sirven para acceder a dicha máxima instancia de nuestro sistema de justicia; iii) tercerizar
funciones ajenas a las funciones jurisdiccionales (sistema de notificaciones, determinados actos
de ejecución de resoluciones judiciales, peritajes, etc.).














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SEGUNDO BLOQUE: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS
Creando un Estado que responde a las necesidades de los ciudadanos, donde
todos los peruanos tenemos acceso a servicios de calidad y la oportunidad de
prosperar.


UN PAIS DE TALENTOS: UNA EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS PERUANOS

A pesar que la educación es un derecho fundamental de la persona, la situación actual del sistema
educativo peruano es producto de la poca inversión que ha habido para garantizar la idoneidad de los
docentes y las metodologías pedagógicas aplicadas así como la gestión académica, especialmente en el
caso de la educación pública. Hemos venido ejecutando políticas educativas e invirtiendo recursos a lo
largo de los últimos quinquenios; sin embargo, los resultados de aprendizaje – razón de ser de un sistema
educativo – aún no alcanzan los niveles que caracterizan a los países de mayor desarrollo, y son muy
heterogéneos entre distintos grupos sociales del país.

Sabemos que forjar un futuro para nuestros hijos tiene como pilar fundamental darles una educación de
calidad que les permita prosperar en la vida. Una educación que haga que nuestros hijos nos superen.
Que se produzca lo que los científicos sociales denominan “movilidad social”. Pero además, la calidad de
la educación no solamente debería reflejarse en una mejora del status económico de nuestros hijos, sino
que debería también forjar ciudadanos que entiendan sus derechos, pero más importante aún cumplan
sus obligaciones frente a la sociedad. Si nuestros futuros ciudadanos comparten sólidos y genuinos valores
comunes y perciben la existencia de igualdad de oportunidades para todos sin distinción, resultará más
viable y sostenible consolidar una sociedad cohesionada alrededor de un acuerdo social considerado
justo.

Problema 1: Aprendiendo poco y desigual
Los últimos 15 años ha habido importantes avances en la cobertura de matrícula en los tres niveles de la
Educación Básica Regular. Sin embargo, no todos los estudiantes terminan la escuela. La tasa de no
conclusión de primaria es de 15 % y en secundaria sube al 30 %. Pero si vemos los índices de nuestra
población afectada por pobreza extrema y que vive en áreas rurales la tasa de no conclusión de primaria
se eleva al 40% y la de secundaria a 60 %, según cifras del Ministerio de Educación.

Si bien a nivel de logros de aprendizajes evaluados (ECE 2014) hemos registrado avances, con un 43,5%
de estudiantes que comprenden satisfactoriamente lo que leen, solo un 25,9% es capaz de resolver bien
problemas matemáticos. Y la desigualdad de aprendizaje entre estudiantes urbanos y rurales es también
extremo. De 4 puntos porcentuales de diferencia en el aprendizaje de matemáticas en el 2007, se
incrementó a 16 puntos porcentuales en el 2014. En el caso de comprensión lectora para el 2014 la
diferencia era de 33 puntos. Durante el 2014 se realizó además, una evaluación muestral y piloto a los
estudiantes de quinto de secundaria en Comunicación y Matemáticas. El primer resultado encontrado es
que los aprendizajes en quinto de secundaria son menores que los de segundo de primaria, cuando en
realidad deberían ser mayores porque ya se culminaron los estudios escolares. El segundo resultado más
grave aún es que al comparar lo urbano de lo rural tenemos que los resultados caen aún más, puesto que
solo un 10% aprende matemáticas en colegios urbanos mientras que en los rurales solo el 0.7% aprueba
la evaluación.

13


Muchos niños en el Perú sólo desayunan té y cancha tostada, caminan más de una hora para llegar a su
escuela y retornan a su casa para comer una sopa de papa después de muchas horas. Estos niños suelen
quedarse dormidos en clase; les cuesta mucho esfuerzo mantener la atención y aprenden muy poco en el
aula. Una de las causas importantes de los pobres resultados en el aprendizaje es producto de la
persistencia de altas tasas de desnutrición y anemia en nuestros niños. 1 de cada 6 niños en el Perú sufren
de desnutrición y 4 de cada 10 de anemia. Ambas limitan la capacidad de los niños de concentrarse en la
escuela, de atender el dictado de los cursos y de aprenderlos.

Finalmente en temas curriculares, actualmente tenemos un Diseño Curricular Nacional vigente (con
modificaciones al 2015), aún no contamos con una estructura de documentos curriculares que dialoguen
entre sí con coherencia, organicidad y estructura, y más importante aún que faciliten la labor de los
profesores en aula.

Problema 2: Manejando mal el principal recurso de la educación: nuestros maestros
Durante el último quinquenio el presupuesto del sector educación ha experimentado un crecimiento de
casi 80%, pasando de 14 mil millones en el 2011 a casi 24 mil millones en el 2015. A pesar de ello sigue
siendo uno de los sistemas educativos que menos recursos asigna por alumno, en pago de profesores y
de gasto público en educación si nos comparamos con países de la región. En consecuencia, tenemos una
profesión docente desvalorizada, debilitada, con necesidades de capacitación y mejores sueldos.

Los sueldos de los docentes han recuperado recién hoy el valor de poder de compra del año 1973. Sin
embargo si los comparamos con otros países de la región estamos aún muy atrasados. Un profesor de
primaria gana en el Perú 479 dólares de sueldo versus 800 dólares en Colombia o 1362 dólares en Chile.
La Ley de Reforma Magisterial establece que la hora promedio de pago para el docente (RIN) es alrededor
de 52 soles. Pero los docentes en el Perú son profesores de medio tiempo o tres cuartos de tiempo porque
la misma Ley considera el cálculo según 30 horas para profesores de inicial/primaria y 26 horas para
secundaria, mientras que los del sector privado, cumplen entre 40 y 48 horas a la semana. Es necesario
además modificar el rol, responsabilidades y funciones de los directores de colegios, para convertirlos en
los líderes del cambio en la educación. Actualmente tenemos a 15,000 directores nombrados por concurso
y evaluación realizada, de un total de 40,000 en todo el país.

Problema 3: Una gestión desarticulada de la educación
20 % de estudiantes no asiste a un Centro de Educación Inicial. La inequidad de acceso se refleja en el
hecho que la matricula en inicial va desde el 31% en Loreto, hasta el 15 % en Lima metropolitana. Como
la educación inicial es la que asegura el desarrollo de capacidades de aprendizaje, es crucial que esta tenga
calidad. Sin embargo, existe un déficit aproximado de 12,000 profesores de inicial. Los resultados de las
pruebas de evaluación a los alumnos muestran que no existe un proceso de aprendizaje progresivo entre
los diferentes niveles de educación. La educación básica alternativa solo atiende a 200,000 alumnos de
los más de 7 millones de estudiantes de más de 15 años que no tienen educación básica completa. Este
problema es muy serio ya que el 72.1 por ciento de esta población tiene entre 15 y 39 años de edad. 1

El promedio de alumnos matriculados en el sector Técnico Público casi no superó los 110 mil alumnos en
los últimos diez años, demostrando con ello el abandono del Estado a este importante nivel educativo en
el que se debería formar personal técnico que responda a las necesidades del mercado laboral. El alto
grado de desarrollo de esta educación por el sector privado, en términos de cobertura y calidad, debería
ser utilizado para el diseño de políticas públicas que expandan el accedo.

1

TAREA, 2014.

14



La educación universitaria ha venido siendo uno de los sectores de la educación superior que más ha
desarrollado y crecido en los últimos 15 años. El Perú cuenta con una nueva Ley Universitaria que incluye
aspectos positivos como la acreditación de universidades pero que aún no ha resuelto aspectos
importantes como el fortalecimiento de la autonomía universitaria para la gestión, y la necesidad de
conectar la labor universitaria, la investigación e innovación con el desarrollo del país.

El esquema vigente de descentralización educativa ha transferido ciertos aspectos del servicio educativo
pero no ha otorgado responsabilidades, funciones y capacidades asociadas al objetivo de lograr
aprendizajes de calidad. Desde el punto de vista de la gestión se observa un franco proceso de re –
centralización de facto a través de la cantidad de programas nacionales que han multiplicado su presencia
y acción en las regiones. Por primera vez desde que se instauro en el presupuesto del sector la asignación
a regiones (2005) el sector central recibe más recursos que las regiones (12 mil millones versus 11 mil
millones). Los programas nacionales han fortalecido la centralización de la educación pues el Ministerio
de Educación, a través de ellos, establece compromisos de desempeño con los Gobiernos Regionales y
transfiere recursos en base al desempeño obtenido. Sin embargo, la diferencia en las capacidades de
gestión entre los diferentes gobiernos regionales, hace que el esquema basado en resultados introduzca
un desbalance y segregación en el acceso a recursos.

Problema 4: La oferta de enseñanza no está vinculada con la demanda laboral
Persiste una desarticulación entre lo que el sector laboral demanda y lo que la educación superior ofrece.
Ello se debe a que la educación superior universitaria tiene demasiados alumnos y produce demasiados
profesionales que no necesariamente encuentran empleo en sus respectivas especialidades. Del total de
trabajadores requeridos sólo se necesita que el 12% sea profesional, siendo los demás puestos solicitados
básicamente del nivel técnico. En cuanto al nivel educativo la demanda es de solamente el 8% del nivel
universitario.

Es evidente que el país tiene que generar un incremento acelerado de la oferta de personal de nivel
superior tecnológico, sobre todo dirigido a las ramas del comercio y los servicios. Los Institutos
tecnológicos no se han desarrollado por falta de un ordenamiento legal adecuado, por una baja valoración
de la educación técnica y por falta de decisión política. En cuanto a la simplificación administrativa,
actualmente hay demasiadas trabas para la instalación de nuevos Institutos Tecnológicos, así como para
su desarrollo posterior. Por ejemplo, la aprobación de las autorizaciones para incorporar una nueva
carrera toma hasta 3 años y por otro lado no autorizan a abrir filiales.

Finalmente, en cuanto a los convenios de cooperación entre los institutos y el sector privado, hoy existen
disposiciones que dificultan tal relación. Por ejemplo, un instituto no puede firmar un convenio con una
empresa para usar su maquinaria para las prácticas de la enseñanza con los alumnos, sino que está
obligado a adquirir tal maquinaria.

Problema 5: No existen sistemas de información sobre la calidad de la enseñanza superior
En el país no existen sistemas de información sobre la calidad de los servicios prestados por la educación
superior, pues el Estado no creó los incentivos adecuados para que la competencia en la oferta educativa
esté basada en la calidad de los servicios. A diferencia de otros países, donde la información es generada
por los propios proveedores de los servicios educativos, en el Perú ha sido necesario crear un sistema
público de acreditación de la calidad educativa y provisión de información.


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Problema 6: Una educación que no enseña valores
¿Estamos educando ciudadanos capaces de convivir con tolerancia? ¿Estamos educando ciudadanos
capaces de construir reglas de juego que la mayoría considere justas, pues dichas reglas dan a todos
igualdad de oportunidades para prosperar? En Fuerza Popular creemos que este objetivo está muy lejos
de ser parte de las actuales políticas educativas. Las altas tasas de delincuencia, la multiplicación de
conflictos sociales violentos y la falta de confianza en la mayoría de instituciones estatales, unidos a la
práctica inexistente del principio de autoridad y del respeto a la ley, nos muestran que buena parte de los
peruanos no está de acuerdo con las reglas de juego que regulan los deberes y obligaciones de los sectores
privados y públicos, ni con la manera como se distribuye la riqueza del país. La situación social descrita
confirma además, que el Estado viene siendo incapaz de resolver conflictos, forjar consensos y dar cabida
y derrotero a los reclamos de muchos sectores de nuestro país. Un elemento fundamental alrededor de
estos problemas, más allá de las debilidades de nuestras instituciones, más allá de los esfuerzos
importantes de ciertas escuelas y muchos maestros tratando de inculcar estos valores, es que no hay una
estructura en la currícula educativa que prepare a todos los maestros a introducir, a través de la
enseñanza, conceptos de tolerancia, empatía e igualdad de derechos y de oportunidades.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

La educación en el Perú debería perseguir los siguientes objetivos e implementar las siguientes políticas
públicas:

1.
Garantizar aprendizajes útiles y que contribuyan al desarrollo de las personas, sus talentos y
capacidades.
a. Fortaleciendo la educación infantil:
• Aumentar la inversión y ejecución presupuestal en la primera infancia desde un enfoque
multisectorial (Salud, Educación, Identidad y Justicia), fortaleciendo al ciudadano desde
la primera infancia.
• Lograr cobertura plena en 3,4 y 5 años de edad.
• Diseñar e implementar distintos modelos de educación inicial adaptados a la diversidad
del país.
• Reconvertir la totalidad de los PRONOEIs en Centros de Educación Inicial iniciando desde
las zonas rurales, hacia las zonas urbanas.
b. Niños bien alimentados y sanos, preparados para aprender más y mejor.
• Implementaremos un Programa de Alimentación Integral en las escuelas de los pueblos
más pobres del país, que incluya el desayuno y almuerzo escolares. Esto nos permitirá
incorporar en la dieta de los niños los nutrientes necesarios, para que tengan la capacidad
de prestar atención y aprender los contenidos y habilidades enseñados. Estos programas
constituirán un incentivo adicional al que otorga el Programa JUNTOS para que los padres
envíen a los niños a las escuelas pero, más importante aún, contribuirán a reducir la
desnutrición y anemia infantil, las enfermedades y mejorarán las capacidades de
aprendizaje de nuestros niños.
c. Flexibilizando la curricula educativa para adaptarla a las necesidades y potencialidades laborales
• En Fuerza Popular creemos que la educación es un conjunto de peldaños que gracias a la
justa intervención del Estado, debería permitir al estudiante culminar su proceso
formativo alcanzando la realización personal. Los primeros peldaños de esa larga escalera
se encuentran en la escuela. Y es ahí donde proponemos la existencia de una curricula
que le permita al alumno optar, en los dos últimos años, en cursos electivos, vinculados a
rubros propios a las actividades económicas de su localidad. Y es que si tomamos en
16


cuenta que la mayor deserción escolar se encuentra en los últimos años de secundaria,
notaremos que muchas veces la familia tiene que tomar la dolorosa decisión de no
mantener a su hijo en la escuela y retirarlo para que apoye con la actividad económica
familiar. Esa es también nuestra realidad en el Perú alejado de las grandes ciudades. Hay
quienes lamentablemente dejan la escuela y apuestan por el trabajo familiar o por el
cachuelo local. Esto se da porque probablemente no encuentran otras opciones. Por ello,
al elegir cursos tales como los referidos a técnicas para el trabajo agrícola, por citar un
ejemplo, el alumno podrá ir construyendo una plataforma de trabajo, una ruta laboral,
cuyo siguiente peldaño puede ser el instituto técnico local para luego culminar asistiendo
a una universidad, si así lo deseara.
• Impulsar la reforma del currículo para adaptarlo a las necesidades geográficas, sociales,
culturales y a las demandas laborales particulares de cada región.
d. Expandiendo la formación tecnológica para responder a las demandas de empleo
• Crearemos institutos tecnológicos regionales con currículas afines a las actividades
económicas de sus localidades, de modo tal que se pueda ir llevando cursos por etapas,
por los que se le otorgarán certificados, los que serán un nuevo eslabón de toda la cadena.
La sucesión de niveles podrá culminar con un técnico con título con valor oficial.
• Fuerza Popular reconoce la capacidad de emprendimiento del pueblo peruano expresada
a través de miles de micro y pequeñas empresas a lo largo de todo el país. Pondremos a
disposición de esos emprendedores una educación superior que impulse y haga realidad
sus esfuerzos. Promoveremos una educación para emprendedores con cursos optativos
en los últimos años de secundaria y una educación tecnológica que combine los aspectos
de cada especialidad con los referidos a la administración de un pequeño negocio
contribuyendo así, además con la formalización de su actividad.
e. Mejorando los componentes educativos que aportan a una mejor enseñanza y apoyan el esfuerzo
de las familias
• Mejorar el proceso de contratación de materiales educativos por parte del Estado
Peruano, de manera de garantizar su la provisión oportuna de materiales de calidad.
• Desarrollar la infraestructura digital de nuestras escuelas, de manera que el acceso al
internet y material educativo de calidad sea abierto y gratuito para todos los estudiantes.
• Expandir y focalizar en los sectores más necesitados los programas de buzos, chompas,
calzado y mochilas escolares, para asegurar que los niños que pertenecen a los sectores
más pobres puedan asistir a la escuela con condiciones mínimas de comodidad, aliviando
además así a las familias de los costos que estos insumos escolares representan.
• Continuar con el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, pero con una revisión
profunda de los criterios de focalización buscando atender zonas urbano – marginales y
rurales.
f. Educando con valores.
• Incluiremos en el currículo elementos destinados a inculcar en los niños y jóvenes las
ventajas de actuar basados en valores que contribuyan a la coexistencia y solidaridad
social, de la misma manera como los países europeos inculcan a los niños valores
globales (la lucha contra la pobreza, la necesidad de cuidar el medio ambiente, etc.).
• El currículo escolar peruano incluirá contenidos destinados a valores fundamentales
tales como la libertad, la tolerancia, la solidaridad, el respeto por nuestra cultura, y la
protección del medio ambiente.

17


2.

3.

4.

Gestionar la educación en coordinación con las regiones, y encontrar mecanismos que centren la
acción en los aprendizajes.
• Programa de generación de competencias y capacidades de gestión en las
administraciones de los gobiernos regionales para lograr la ejecución oportuna y eficiente
de los planes y presupuestos.
• Mejorar el contenido de los acuerdos gubernamentales que se suscriben entre el
Ministerio de Educación y los Gobiernos Regionales), de manera que se conviertan en
Convenios para la Mejora de la Gestión y los Resultados Educativos, donde los indicadores
de resultados se vinculan no solo al cumplimiento de las condiciones para el inicio del año
escolar, sino principalmente al seguimiento de los resultados obtenidos por los gobiernos
sub-nacionales y las escuelas en la mejora incremental del aprendizaje de los estudiantes.
Y donde además, los convenios involucran incentivos para las regiones, como acceso a
mayores recursos y flexibilidad en su uso.

Ofrecer a nuestros ciudadanos las mejores oportunidades para su desarrollo personal y
profesional.
• Crear el Servicio Nacional de Aprendizajes como la organización encargada de ofrecer
alternativas de certificación y profesionalización del grupo entre 15 y 39 años de edad
que no concluyeron la educación básica regular.
• Reformar la legislación de los Centros de Educación Básica Alternativa – CEBAS, a efectos
de que efectivamente logren ser un vehículo de tránsito hacía la educación técnica o
superior de los jóvenes y adultos que no tuvieron la oportunidad de culminar sus estudios
en forma regular.
• Impulsar Beca 18 para premiar a los alumnos que más se esfuerzan y desarrollan sus
capacidades.

Velar, supervisar e impulsar la calidad de los docentes y su enseñanza
• Fortalecer la formación inicial docente, y ubicarla a esta como clave en el proceso de
mejora de la profesión docente.
• Continuar los procesos de evaluación contemplados en la Ley de Reforma Magisterial,
enfocándolas en la creación de una meritocracia profesional de profesores.
• Crear el Instituto Nacional de Medición de la Calidad Educativa. Como ente adscrito al
Ministerio de Educación, pero autónomo para la evaluación de los resultados en la mejora
del aprendizaje y la implementación de convenios de apoyo a los gobiernos regionales y
escuelas para la mejora de los servicios educativos con impacto en la mejora en el
aprendizaje.
• Establecer la obligación de las regiones, en coordinación con las escuelas, de producir
reportes regulares para los padres de familia, que informen sobre los resultados de
aprendizaje de los niños pero también los resultados globales de aprendizaje de cada
escuela y la comparación con otras escuelas cercanas. Ello permitirá que los padres
tengan información para evaluar la calidad de la enseñanza impartida, los avances
producidos y puedan exigir la rendición de cuentas en base a información cierta.
• Creación del Sistema Nacional de Desarrollo Docente que apoye el proceso de
profesionalización y revalorización del docente peruano. El sistema se construye sobre la
base de etapas que se van certificando desde la formación inicial, hasta la formación en
servicio.

18




5.

Revisar y mejorar las competencias asignadas por las normas actuales a la nueva SUNEDU,
de manera que ejerza una función de supervisión de la calidad y no de injerencia en el
trabajo de las universidades tanto públicas como privadas.
• La calidad de la educación pasa por establecer un sistema de evaluación que promueva
auto-evaluaciones, evaluaciones externas y mecanismos de acreditación. También
creemos que es importante el esfuerzo de poner en funcionamiento un sistema de
información sobre la calidad de la educación superior -liderado por un Observatorio-.
Debe asegurarse que cualquier sistema de información que se ponga en operación tenga
una cobertura integral de universidades y centros de educación técnica; con mecanismos
de recolección sistemática y diseminación de información sobre los programas y
currículos ofrecidos, así como con información sobre los resultados en el desempeño de
los estudiantes en el mercado laboral. Estos sistemas de información, además, deberían
ser lo suficientemente amigables y accesibles para todos los niveles socio-económicos.

Fortaleciendo la Educación Tecnológica
• En Fuerza Popular creemos que para que los jóvenes tengan mayores incentivos para
asistir a los Institutos Tecnológicos se deben establecer reglas que hagan posible el
tránsito de los estudiantes hacia las universidades. Para ello será necesario establecer
valores adecuados a los créditos académicos para la educación terciaria, tanto en la
universitaria como técnica, permitiendo que los créditos otorgados en los Institutos y
Escuelas de Educación Superior, puedan ser convalidados para seguir estudios
universitarios. Esta medida permitirá revalorizar la educación superior técnica.
• Se promoverá la suscripción de acuerdos y alianzas entre los institutos tecnológicos y el
sector privado, con el fin que puedan alinear la oferta de enseñanza y la demanda laboral
y emplear maquinarias, equipos e instalaciones de las empresas privadas para la
enseñanza de carreras técnicas.
• Fuerza Popular propondrá la reinstauración de incentivos al sector privado para que este
se vincule con las entidades de educación superior y técnica, con el fin de encargarles el
desarrollo de investigaciones para sus negocios. Esto puede constituir un importante
impulso a la calidad de la educación y su vinculación con el mercado laboral. Si el sector
privado recibe incentivos públicos que premien el desarrollo de más investigación para la
innovación, y se promueve que esta se canalice mediante las instituciones de educación
superior, se producirán varios impactos positivos: (i) Se expandirá la innovación, lo que
mejorara la productividad de las empresas, trabajadores y del país en su conjunto; (ii) Se
vinculará las agendas de innovación del sector privado con las universidades y centros de
educación técnica, lo que generará los incentivos para que estos últimos adecúen sus
programas y sus currículos a las necesidades del sector privado. Y esto podrá generar un
círculo virtuoso de intercambio de información y necesidades.



UN PAIS SANO: SALUD PÚBLICA Y PRIVADA DE CALIDAD, COMPETITIVA Y BIEN REGULADA EN BENEFICIO
DE NUESTROS CIUDADANOS

Problema 1: Mala atención y mala salud
A pesar del incremento en el número de asegurados de las poblaciones pobres y en extrema pobreza con
el “SEGURO INTEGRAL DE SALUD – SIS” un 30 por ciento de peruanos no cuentan todavía con una
protección que garantice su salud. El ineficiente modelo de gestión de los servicios de salud conlleva a
una insuficiente calidad de servicios ofrecidos, largas colas, tiempos de espera prolongados y trámites
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engorrosos, los que generan la insatisfacción del usuario y grandes sobrecostos al sistema. Alrededor de
360,000 compatriotas padecen de cáncer, enfermedades renales, congénitas, cardiovasculares y
hereditarias, que pueden llegar a sustraer hasta el 40% del presupuesto familiar, siendo muchas de ellas
prevenibles. La atención a la salud del adolescente es deficiente y problemas serios como el embarazo
adolescente deben ser priorizados en la medida que este tiene efectos colaterales perversos e
irreversibles como el abandono escolar por parte de la adolescente embarazada y la consecuente
dificultad para conseguir empleo, los riesgos de muerte por abortos clandestinos, la correlación entre
madres adolescentes e hijos que no van a la escuela y no salen del circulo de la pobreza, entre otros.

Problema 2: Pocos recursos mal gestionados
El Perú invierte menos del 5.3% en salud pública, muy por debajo del promedio regional. Ello tiene un
impacto negativo en la calidad y cobertura de la infraestructura, equipamiento e implementación de los
servicios de salud, especialmente en el mantenimiento y reposición de los mismos en las diferentes
regiones del país. La baja capacidad de resolución de casos en el primer nivel de atención (puestos y
centros de salud) ocasiona el congestionamiento de los hospitales y el incremento de los costos de la salud
pues este nivel de servicio tiene costos mayores.

Existe un déficit significativo de profesionales de salud, siendo la carencia de médicos especialistas un
factor sensible ante las demandas de la población. Un elemento que agrava más la situación ante la
demanda es la poca oportunidad de acceder a plazas de especialización, lo que determina una gran
desmotivación y la migración de profesionales en busca de mejoras. Para el año 2010 la brecha de médicos
llegaba a 12,000 médicos (sólo ESSALUD requiere más de 6,000 especialistas) (actualizar datos al 2014).
El desabastecimiento y encarecimiento de medicamentos en todo el sistema nacional de salud (ESSALUD,
MINSA, Sanidad de las FFAA y PNP) refleja la ausencia de una estrategia basada en estudios costoefectividad.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES
La salud en el Perú debería perseguir como principal objetivo la prestación de una atención integral con
eficiencia y calidad a los más de 30 millones de peruanos, empleando criterios de equidad y estándares
mínimos de calidad en la prestación de los servicios, principalmente mediante las siguientes políticas
públicas:

1. Reestructurar el modelo de gestión de la salud para la atención oportuna y la satisfacción del paciente.

• Ajuste estructural de normas, informatización de la gestión de las citas para reducir los tiempos
de espera y acceso inmediato al sistema con DNI.
• Horario extendido de la atención con optimización del uso de la capacidad sanitaria pública y
privada, y participación de los profesionales de la salud.
• Modernización de la administración de la gerencia pública por resultados con eficiencia y
satisfacción del usuario, establecimiento de indicadores de gestión sanitarios y administrativos
dentro del Plan Multianual, con introducción de tecnologías de información y comunicación que
aseguren la interconexión con el usuario y los servicios a nivel nacional.
• Mejorar la gestión de recursos humanos del sector a través de una política nacional de
meritocracia y reconocimiento; así como el sinceramiento de la brecha oferta-demanda de
profesionales de la salud a nivel nacional.
• Diseñar los procesos de gestión que permita optimizar el acceso a los servicios de salud, con
calidad, oportunidad y calidez, por nivel de complejidad. Para ello, se debe ordenar el engranaje
20


entre los tres niveles de atención que garantice el uso racional de los recursos técnicos, humanos
y financieros.


2. Garantizar el acceso universal a la Atención Primaria de Salud (APS) en todas las localidades del país.

• Acceso a prestaciones esenciales de salud para todos los peruanos, con énfasis en poblaciones
vulnerables.
• Gestión participativa en el primer nivel de atención, con la reinstauración de los Comités Locales
de Administración de Salud (CLAS) acompañamiento de equipos multidisciplinarios de salud
comunitaria.
• El fortalecimiento del Primer Nivel de Atención debe hacerse con el diseño de una Cartera de
Servicios acorde a los requerimientos sanitarios sustentados en el perfil de morbimortalidad
nacional; priorizando las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

3. Asegurar el funcionamiento y financiamiento de las prestaciones de salud con todos los niveles de
gobierno.

• Fortalecer las competencias sanitarias de las instancias gubernamentales.
• Garantizar el financiamiento para la atención de las enfermedades comunes, complejas y de alto
costo a nivel nacional.
• Revisar y atender las necesidades que aparecen a partir de los cambios en el perfil epidemiológico
de los peruanos: mayor incidencia de enfermedades no transmisibles y crónicas. Específicamente,
considerar lo que tiene que ver con la prevención, atención oportuna y sistemas de
financiamiento, especialmente de quienes no tiene seguros privados y poblaciones vulnerables.
• Promover la emisión de “Bonos de Impacto Social” donde el sector privado tendría una
oportunidad de participación importante para generar cambios significativos de logros de salud
pública y otros vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Prioridad se darán en
los distritos ODS de intervención urgente donde prima la pobreza extrema

4. Brindar oportunamente medicamentos de calidad en todos los establecimientos de salud del país.

• Asegurar que los beneficiarios del SIS accedan a medicinas genéricas de calidad y gratuitas en
todos los establecimientos de salud pública del país, garantizando su distribución en los tres
niveles de gobierno, reduciendo el gasto de bolsillo y respetando las normas de licencias
obligatorias
• Promover el acceso al diagnóstico de la TBC, del VIH/SIDA y otras enfermedades infeccionas
fortaleciendo el tamizaje con pruebas rápidas, involucrando en el proceso a las comunidades y a
la sociedad civil como aliados estratégicos.
• Impulsar el acceso y uso de los bienes y servicios público de intervención costo-efectiva para la
reducción acelerada y sostenida de la desnutrición crónica infantil, la anemia nutricional y la
obesidad infantil. Se pondrá especial atención de la inversión social en los distritos de alto nivel
de inseguridad alimentaria y nutricional con la finalidad de contribuir al Objetivo de Desarrollo
Sostenible 2 “Hambre Cero”.

5. Reducir la brecha de profesionales de la salud para atender a todos los peruanos.

21






Asegurar el personal médico y no médico de calidad en los diferentes niveles de atención del país,
de acuerdo a los perfiles de los servicios de salud, basado en la meritocracia y con adecuados
incentivos, garantizando mejores condiciones laborales que favorezcan la retención de los
médicos y otros profesionales de la salud.


22



UN ESTADO QUE PROTEGE: UNA RED INTEGRADA Y EFICIENTE DE PROTECCION SOCIAL

Ha sido admirable que muchos de los Objetivos del Milenio que abordaban desde reducción de la pobreza
hasta indicadores de salud y educación se hayan logrado antes del año 2015. Sin embargo, existen aún
millones de peruanos que no ven tangible el respeto pleno a sus derechos a una buena educación, salud,
alimentación, nutrición, justicia y otros como identidad, protección, etc. En consecuencia, el Estado
Peruano ha tenido que mantener y empoderar, presupuestal y técnicamente, a los programas sociales
para coadyuvar a hacer llegar el bienestar a los excluidos. Por ejemplo, en el Perú existen 100 distritos
que, según el INEI (2014), muestran indicadores de pobreza monetaria y multidimensional que no
corresponde a un país aspirante a ser miembro de la OCDE( Organización para la Cooperación Económica
y el Desarrollo). En consecuencia, la presente propuesta busca exponer dos compromisos fundamentales.
Por un lado, generar un acuerdo social del Estado Peruano con los 100 distritos de mayor vulnerabilidad
a fin que para el año 2021 entren a la senda de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
las Naciones Unidas. Por otro lado, la reforma de los programas sociales apunta a mejorar los niveles de
eficiencia, eficacia, equidad y transparencia para elevar la rentabilidad privada y social de la inversión
social.

Subsisten cinco problemas estructurales que la presente propuesta tratan de resolver.

Problema 1: Articulación de los programas sociales
Los diferentes gobiernos en los últimos 25 años han intentado abordar una mejora de la gestión de los
programas sociales. Los esfuerzos han aspirado incrementar la eficiencia y eficacia inyectando
presupuestos, mejorando procesos, acotando zonas de intervenciones y enriqueciendo enfoques como el
del ciclo de vida y género. Sin embargo, aún está pendiente una reforma estructural importante como
hacer que todos los programas operen de manera articulada y sintonizada pues las filtraciones, subcoberturas y yuxtaposiciones o vacíos aún están visibles. Por ello, hay centros poblados, comunidades,
distritos y provincias que muestran indicadores de pobreza extrema y vulnerabilidad que no corresponde
a un país candidato a ser miembro de la OCDE. Por lo tanto, la falta de visiones, sistemas operativos,
recursos y gestión por resultados compartidos impiden rentabilizar la inversión social.

Problema 2: Identificación de Beneficiarios de los Programas Sociales
La limitada transparencia de las diferentes entidades públicas de compartir información, no solo con la
sociedad civil sino inclusive con otras entidades pares, sobre beneficiarios requiere cambiarse pues ello
impide hacer el máximo uso de los recursos. Si bien se han dado saltos cualitativos de generación de
Sistemas de Focalización de Hogares aún persisten data de beneficiarios no compartidos por todos y cada
uno de los programas, proyectos y sectores. Sensibilizar a los decisores, operadores y técnicos de cada
uno de los programas y de los sectores a compartir y sobre todo construir un nodo de información sobre
la población objetivo y beneficiarios permitirá que los pobres “no visibles” dejen de serlo.

Problema 3: Provisión de bienes y servicios públicos costo-efectivos
El Estado Peruano invierte al menos S/5,000 millones en programas estrictamente orientados en la
inclusión social y ello es una meritoria muestra de compromiso por los derechos humanos de las personas
que sufren privaciones. Sin embargo, el escenario posible que se desarrollará hacia el 2021, y sobre todo
el 2030 donde el Perú debe alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, exige incrementar la
rentabilidad social de los recursos públicos. Por ello son urgentes implementar dos líneas de trabajo. En
primer lugar, incrementar la eficiencia y eficacia pública. En segundo lugar activar, la intervención del
sector privado, con y sin fines de lucro, para lograr, por lo menos que los distritos más pobres alcancen
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una senda de cercanía al Desarrollo Sostenible. El Estado debe alentar la emisión de “Bonos de Impacto
Social” y alimentar una cultura de logros de resultados esperados (y verificables) para lo cual una
supervisión técnica de las intervenciones ayudará a expandir las buenas prácticas públicas y privadas.

Problema 4: La comunicación y educación de los procesos y efectos de las intervenciones
Limitar el resultado de los programas sociales a la entrega de bienes y servicios públicos a la población
más pobre no es la razón de ser de este tipo de inversión. Por ello, asignar recursos para desarrollar
campañas de comunicación y educación sobre los alcances de los bienes y servicios públicos resulta
fundamental para cimentar cambios en los patrones, actitudes y comportamientos de la población
beneficiaria.

Problema 5: Monitoreo y evaluación de impacto de la inversión social
Los conceptos de monitoreo y evaluación de impacto tienen casi dos décadas de vigencia. Si bien todos
los programas sociales y entidades públicas poseen divisiones encargadas de la supervisión de la inversión
social, aún los recursos técnicos, humanos y financieros que disponen son muy limitados. En
consecuencia, dos problemas se generan. Por un lado, el aprendizaje institucional sobre lo que funcionó
o no funcionó es muy escaso o nada difundido. En situaciones que la cooperación internacional y los
organismos multilaterales han visto por conveniente apoyar iniciativas de evaluar el impacto de la
inversión social, se ha avanzado. Por otro lado, el día a día de la administración pública ha impedido un
saber compartido entre los diferentes actores.
Por lo tanto, esfuerzos para desarrollar la Auditoria del Desempeño desde la Contraloría así como de
empoderar las Unidades de Monitoreo y Evaluación de Impacto resultarían importantes de desarrollar.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. La urgencia de inversión social en los 100 distritos de extrema pobreza será atendida con una atención
focalizada. De esta manera, el acuerdo social del Estado Peruano es convertir a los distritos de extrema
pobreza (INEI, 2014) en distritos que ingresen a la senda de mejora para que logren los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) bajo las siguientes pautas:

• Promover la articulación de todos los programas sociales y entidades públicas y privadas
compartiendo un nodo de información de identificación de beneficiarios, provisión de bienes y
servicios públicos costo-efectivos, graduación de beneficiarios y monitoreo a partir de los avances
de la Oficina de Gobierno Electrónico e Informática.
• A partir del sistema de información Sayhuite precisar el perfil de las demandas sociales de los
conglomerados de intervención conformados por los 100 distritos de extrema pobreza.
• Desarrollar y financiar, con recursos públicos y privados, la cartera de los Proyectos de Inversión
Social así como las intervenciones públicas y privadas de cada una de los 100 distritos más pobres
del Perú.
• Promover, complementariamente, la utilización de “Bonos de Impacto Social” para lograr hacer
tangible la cultura de gestión por resultados haciendo partícipe al sector público y privado (con y
sin fines de lucro) así como la cooperación internacional para lograr los ODS de los distritos
focalizados.
• Comprometer a todos y cada uno de los programas sociales y entidades públicas que operan en
los diferentes sectores a intervenir con enfoque de ciclo de vida, enfoque de género y los Planes
de Desarrollo Concertado de los distritos partícipes de los conglomerados ODS.

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Desarrollar campañas de comunicación y educación de los procesos y efectos esperados de las
intervenciones en los diferentes grupos etáreos y ámbitos para asegurar la apropiación de los
cambios en patrones, actitudes y comportamientos que implica alcanzar mejora de las
dimensiones del desarrollo sostenible.
Germinar un sistema de monitoreo y evaluación compartido por todos los socios estratégicos,
públicos y privados, para generar un aprendizaje institucional de impacto local. De esta manera
se generará un referente internacional de logro de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
acordado por la Asamblea de las Naciones Unidas.


2. Incrementar sostenidamente la eficiencia, eficacia, equidad y transparencia de los programas sociales
con la finalidad de sentar bases firmes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para
este fin se propone los siguientes parámetros de acción:

• Reforzar la sinergia de los programas sociales con enfoque de ciclo de vida, de género e
interculturalidad. Esto significa articular la intervención con bienes y servicios públicos costoefectivos considerando las etapas de gestación, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y
vejez de la población, visibilizando las acciones e impactos por sexo y etnias, donde sea
pertinente. De esta manera, la inversión social, en sinergia, incrementará su rentabilidad
económica y social de manera permanente y sostenida.
• Acelerar los procesos de fusión digital de bases de datos de beneficiarios por programa, SISFHO y
otros a fin de seguir mejorando los sustentos técnicos pertinentes para la confección de los
perfiles de las demandas sociales a nivel individual, familiar y escalas geográficas.
• Procesar, analizar y difundir permanentemente el aprendizaje institucional de la gama de más de
100 intervenciones que programas sociales y sectores, públicos y privados, realizan a nivel
nacional, sub-nacional o grupos etáreos particulares. De esta manera, el visibilizar el stock de
conocimiento de los resultados, estrategias, procesos e insumos logrados y empleados permitirá
hacer una mejor programación de la inversión social multianual.
• Cimentar la mejora permanente de la gestión de los programas sociales con el desarrollo de
alianzas de saberes compartidos y recursos disponibles con la cooperación internacional, el sector
privado, entidades sin fines de lucro, organizaciones sociales y la sociedad civil.
• Promover la emisión de “Bonos de Impacto Social” que permitan la intervención del sector
privado, con y sin fines de lucro, para alcanzar metas en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en ámbitos geográficos y grupos etáreos de urgente inversión que debe lograr
resultados tangibles y verificables antes del 2021.
• Desarrollar esfuerzos conjuntos de comunicación y educación de los procesos y resultados
esperados a la población beneficiaria para asegurar la sostenibilidad de los cambios en los
patrones, actitudes y comportamientos de los nuevos escenarios de desarrollo sostenible que se
evidencien a nivel de familia, comunidad, distrito y región.

• Constituir una Superintendencia de Inversión Social (SUIS) sobre la base de las áreas de
supervisión, monitoreo y evaluación de impacto de los programas sociales e intervenciones
sectoriales así como el área de Auditoría de Desempeño de la Contraloría con dos fines. Por un
lado, asegurar la mejora permanente de los indicadores de eficiencia, eficacia, equidad y
transparencia de la inversión social del Estado Peruano. Por otro lado, y de manera opcional,
contribuir en la certificación técnica de los alcances de la inversión social del sector privado, con
y sin fines de lucro, que permita construir referentes para el buen entendimiento entre
comunidades, empresas y estado a nivel de zonas, preferentemente, de explotación de industrias
extractivas.
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3. Con el fin de fortalecer el impacto de los programas alimentarios, y empoderar y emplear mas
eficientemente la capacidad de las organizaciones de base (comedores populares, clubes de madres
y vaso de leche) involucradas en dichos programas, se dictarán políticas públicas orientadas a fijar
criterios de calidad para la prestación de los servicios alimentarios, así como mecanismos de
monitoreo con el fin asegurar que estos programas lleguen en altas condiciones de calidad a los
beneficiarios.


VIVIENDA DIGNA Y SEGURA, PROPICIANDO EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN


Problema 1: Existe un déficit de viviendas a nivel nacional
Fuerza Popular es consciente de la necesidad de vivienda que tienen los peruanos y peruanas así como
sus familias, en algunos casos estas necesidades van mas allá de una mejora sustancial del inmueble que
poseen, y se re orientan a la adquisición de una vivienda como un sueño difícil de cumplir o el saneamiento
físico legal a través de la titulación de aquella que con tanto esfuerzo adquirieron o construyeron.

Uno de los principales obstáculos que hemos podido identificar para incrementar el número ofertable de
proyectos de vivienda esta dado por la falta de terrenos aptos para desarrollar proyectos, a lo que
debemos agregar que la mayoría de gobiernos locales no ha logrado aprobar un plan de desarrollo urbano
que verifique el estado de la capacidad de las redes de agua o desagüe que se hayan saturadas. A ello
habría que sumar, el incremento de viviendas ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad, respecto de las
cuales ni los gobiernos regionales ni locales han logrado concertar una alternativa de reubicación o
descongestión de dichas zonas. A lo largo de nuestro territorio, esta situación se repite constantemente,
independientemente de si nos encontramos en una zona urbana o rural, siendo esta última la de mayor
vulnerabilidad.

El déficit acumulado de viviendas a la fecha es de mas de dos millones de familias viviendo en condiciones
precarias, y el crecimiento de la demanda supera los 140 mil nuevas viviendas adicionales cada año, ello
a pesar de los esfuerzos que los últimos gobiernos han realizado por atender la vivienda de carácter social;
en el periodo 2006/2011 solo se construyeron 73,378 viviendas con subsidio, y en el periodo 2011 / 2015
( hasta enero) se habían logrado 102,429 viviendas, tal vez hasta fin del presente gobierno se llegue a las
200 mil viviendas en 5 años. Con estas cifras no se logra ni siquiera atender la demanda anual, acumulando
déficit año tras año.

Problema 2: deficiente acceso a financiamiento
Las familias de escasos recursos tienen serias dificultades para poder sustentar y obtener un crédito
hipotecario, sino tienen el apoyo directo de entidades que les den soporte y asesoramiento, como las
Entidades Técnicas (ET), que son pequeñas empresas privadas, que los pueden asesorar.

Problema 3: la legislación vigente dificulta el incremento del número de beneficiarios
Las actuales normas, tramites y permisología no facilitan alcanzar metas mas altas de producción /
construcción de viviendas para las familias mas pobres, a fin de reducir el déficit; el volumen mas alto
logrado en los últimos 15 años, no alcanza ni para atender la demanda vegetativa de un solo año, se
requiere de una reingeniería de los programas del Estado para multiplicar el volumen de viviendas a ser
atendidas, entre estas, hay mas de un millón de familias que ya cuentan con su terreno con titulo de
propiedad otorgado por COFOPRI, por lo que no se requiere una inversión adicional.

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Los actuales programas de fomento son demasiados y compiten entre si, reduciendo la capacidad
administrativa de las financieras y bancos, debido a que tienen condiciones, tasas, plazos, reglamentos y
normas diferentes que restringen la posibilidad de masificar el proceso, además los sistemas de
evaluación de crédito actual restringen a muchas familias, debiendo existir una mejora en las
oportunidades de gestión de créditos para los mas pobres.

Problema 4: un programa nacional de entrega de títulos disperso y carente de planificación
COFOPRI fue, desde su creación, una institución modelo en la gestión de políticas públicas de titulación,
a lo largo de los últimos años se ha burocratizado y ha visto disminuidas sus capacidades, por lo que
requiere ser repotenciada asignándole metas de cumplimiento en función de los recursos asignados.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. Establecer normas y procesos que permitan reducir el déficit habitacional, mediante la
implementación de políticas públicas que trasciendan por lo menos tres periodos gubernamentales
como mínimo, ya sea con subsidio para las familias de menores recursos así como con facilidades de
crédito para los que siendo emergentes, deseen su vivienda digna y segura.

2. Crearemos Cadenas de Valor Compartidas para fomentar la Responsabilidad Social Empresarial,
donde bancos, proveedores, constructores y autoridades, apoyen a las familias emergentes,
otorgando premios e incentivos para los mejores y mas seguros sistemas constructivos, premios a los
servicios financieros que signifiquen créditos mas blandos, y que además otorguen asistencia técnica
y asesoramiento a las familias mas necesitadas, procurando una simplificación administrativa para
sustentar el acceso al crédito. Además de incentivos a las empresas que como política institucional
faciliten el acceso a la vivienda dentro de su planilla de trabajadores, y a las empresas que conformen
y se integren a la Cadena de Valor Compartido que impulsara el Estado.

3. Reducir los programa de vivienda a solo dos
• Techo Propio (con BFH) y
• Crédito Mi Vivienda (con BBP)

4. Desarrollar políticas para impulsar el desarrollo inmobiliario orientado a las clases sociales C, D y E
mediante la aplicación de subsidios como Techo Propio, y con sistemas de crédito de bajo costo y
largo plazo a fin de favorecer la construcción de viviendas de menos de 200 mil soles, otorgando líneas
de crédito a los bancos, de menos de 4%, a fin de que las familias puedan acceder a créditos desde 10
mil soles en adelante hasta menos de 200 mil soles.

5. Establecer que el mínimo a obtener en un crédito de vivienda será de 10 mil soles, mas el Bono de
Buen Pagador (BBP), la vivienda de crédito menor será de 27 mil soles como valor de construcción.
Establecer como máximo de valor de una vivienda incluyendo el BBP el tope de 200 mil soles, para
acceder a los beneficios que otorga el Estado.

6. Exonerar del pago de IGV a todas las viviendas de fomento del Estado hasta de 200 mil soles (50 UIT)
ya sea en compra o en construcción o mejoramiento.

7. Establecer un TUPA Modelo para el otorgamiento de las Licencias de Construcción (LC) y Certificados
de Finalización de Obra (CFO), con un plazo de 15 para el otorgamiento de las licencias y de 5 días
para los CFO, con un valor estándar para todos los municipios.
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8. Simplificar los mecanismos y tramites de ingreso a la calificación de Entidades Técnicas (ET´s), a fin de
maximizar su participación debidamente calificada.

9. Promover el uso de tierras urbanizables para la construcción de edificios multifamiliares.

10. Establecer sanciones debidamente sustentadas para aplicar a las empresas constructoras y ET´s que
incumplan sus responsabilidades ante los beneficiarios o el Estado.

11. Basado en la experiencia de haber otorgado 1 millón de títulos de propiedad registrados, a través de
COFOPRI, relanzaremos esta institución pública con el fin de completar la titulación de predios
urbanos en todo el país. Con dicho fin entregaremos títulos de propiedad registrados al millón de
familias que no ha logrado acceder a dicho derecho.












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TERCER BLOQUE: ESTADO GOBERNABILIDAD
Recuperando un País Seguro, donde vivimos Con Paz y Sin Miedo
Creando un Estado Eficiente, que responde a las necesidades de los peruanos y
les rinde cuentas por sus actos

RECUPERANDO UN PAIS SEGURO DONDE VIVIMOS CON PAZ Y SIN MIEDO

Fuerza Popular entiende, por experiencia propia de gobierno, la importancia de que el Estado controle el
orden y la seguridad en el país, y el riesgo que significa que grupos delincuenciales pretendan imponer su
propio orden a partir de la violencia. La experiencia con el terrorismo ha dejado huellas y traumas en los
peruanos, y la lucha que nos tocó liderar acompañados y apoyados por las fuerzas del orden, las
comunidades campesinas y la sociedad civil organizada, nos han dejado enseñanzas. Nuestro compromiso
con el Perú es recuperar un País Seguro, donde todos los peruanos puedan vivir en paz y con tranquilidad,
con la certeza que sus derechos fundamentales, en especial los derechos a la vida y al patrimonio son
respetados. Nuestro compromiso incluye también garantizar el orden y la seguridad para que el ambiente
y las condiciones donde los peruanos desarrollamos nuestros emprendimientos sean seguros.

Problema 1: Alto incremento de los niveles de inseguridad
El Barómetro de las Américas sitúa al Perú como el país con la tercera inseguridad más alta en América,
luego de Venezuela y México. Y las investigaciones descartan que estos datos se refieran solo a una
percepción, pues solo en Lima se han identificado 121 zonas de gran incidencia delictiva ubicadas en los
32 distritos con más vulnerabilidad, siendo el Cercado de Lima el distrito de mayor incidencia criminal. La
inequidad en el acceso a la seguridad es también alta en distritos como Santa Anita, con una cobertura
policial limitada de un policía por cada 2,793 habitantes, muy lejos del estándar internacional referencial
de Naciones Unidas de un policía por cada 250 habitantes.

Problema 2: Falta de visión, estrategia y liderazgo para restablecer el orden y la seguridad
Diversos factores muestran la ausencia de una visión y una estrategia para enfrentar la inseguridad y la
violencia. El Gobierno actual, desde sus inicios, sacrificó la experiencia y memoria institucional acumulada
al desaparecer tres promociones del Alto Mando de la PNP, pasando a sus oficiales al retiro. Si bien esta
potestad le corresponde, no fue acompañada de estrategia alguna orientada a establecer un nuevo
liderazgo, a partir de la responsabilidad que corresponde al Presidente de la Republica de liderar el
Consejo Superior de Estado.

Problema 3: Falta de herramientas legales para luchar contra la delincuencia
Existen limitaciones y deficiencias que dificultan la actuación de los operadores de la Justicia, mereciendo
especial atención la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, iniciado el 2004 y que actualmente está
vigente en 21 distritos judiciales en todo el Perú. Este Código Procesal otorga al Ministerio Público la
conducción total del proceso de investigación, incluyendo los aspectos operativos que realiza la Policía
Nacional, la que solo puede actuar previa apertura de la Carpeta Fiscal que da inicio a las investigaciones
preliminares de la Fiscalía, más aun cuando la Policía conoce de hechos no flagrantes después que han
transcurrido 24 horas de cometido el hecho criminal.


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No obstante haber el nuevo Código Procesal penal el peso de la investigación y la apertura de la carpeta
fiscal, el proceso no fue acompañado del debido fortalecimiento del Misterio Público existiendo a la fecha
un numero reducido de fiscales, lo que limita el accionar del sistema de justicia.


Problema 4: Recursos insuficientes y mal gestionados
En cuanto a la Policía Nacional, la problemática frente a la deficiente seguridad ciudadana va más allá del
número de efectivos policiales y de su formación, especialización y capacitación; pues también son
aspectos importantes la falta de infraestructura, vehículos, tecnología y equipamiento, entre otras
carencias; lo que impide que la Policía cumpla con sus funciones de garantizar, mantener y restablecer el
orden interno a cabalidad. Además, es importante expresar la desatención que ha tenido esta institución
con relación a sus remuneraciones, prestaciones, condiciones laborales y programas de bienestar; pues
todas estas han sido postergadas y sólo se focalizó la atención en un programa de incremento de
remuneraciones que independientemente de ser insuficiente, no cumple los plazos comprometidos.

Al evaluar si el número de policías es suficiente o no, es necesario tomar en cuenta las variadas
características geográficas y de concentración o dispersión demográfica, que en nuestro país sugieren
prudencia en la aplicación de ratios utilizados para países con características geográficas y/o demográficas
distintas a las del Perú.

La actuación policial en su actividad de prevención del delito y su lucha contra la delincuencia y el crimen
organizado se distrae en tareas y funciones ajenas a su finalidad fundamental, tales como el control del
tránsito, turismo y salvataje, seguridad de establecimientos penales e instalaciones públicas estratégicas;
las mismas que podrían ser cubiertas por otras instituciones estatales o privadas.

Según el Tercer Censo Nacional de Comisarias del año 2014 – INEI, existen 1,459 comisarías de las cuales
el 51% no tiene acceso a la RENIEC, el 34% no acceden a Requisitorias Policiales, el 92% no pueden recurrir
a la información sobre los Procesos Judiciales y el 68% no acceden al Sistema de Denuncias Policiales.

Problema 5: Limitaciones en el diagnostico de la operación del Crimen Organizado
La legislación actual tipifica dentro del crimen organizado a 21 delitos omitiendo entre otros, a los delitos
de terrorismo, contrabando y la piratería. La Lucha contra el Crimen Organizado requiere de información
sobre la interrelación y operación de sus diversas modalidades. De acuerdo con el Ministerio de Justicia,
existen graves limitaciones para abordar la problemática de la criminalidad organizada:

• carecer de una estadística confiable y debidamente sistematizada;
• que los estudios académicos y periodísticos son muy escasos;
• no existen indicadores que permiten la comparación regional e internacional, a excepción quizás
en lo referido al narcotráfico.

Problema 6: El Tráfico Ilícito de Drogas, el Terrorismo y los crímenes conexos
Sendero Luminoso continua presente en el VRAEM y el Huallaga, en donde sigue actuando coludidos con
el tráfico ilícito de drogas (TID), las extorsiones a las empresas privadas o el sicariato, entre otros delitos,
manteniendo activa una economía de sustento basada en la droga, lo que les asegura tener un vínculo
estrecho y de apoyo correspondido con la población que vive de ella.


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Existen organizaciones con tácticas terroristas, incluido Sendero Luminoso, así como otros movimientos
enemigos del sistema democrático que utilizan las fisuras legales infiltrarlo debilitarlo y destruirlo.

En relación al Sicariato que es uno de los delitos del crimen organizado de mayor importancia porque
afecta la vida de las personas, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, recientemente reveló que
la tasa de muertes violentas asociadas a hechos delictivos se incrementó de 5.4 a 6.7 por cada 100,000
habitantes durante el año 2014. Esta modalidad es usada por bandas criminales dedicadas a la extorsión,
el tráfico de terrenos o el robo agravado.

Propuestas Estructurales

1. Implementar una plataforma tecnológica orientada a integrar sistemas de información para vigilancia,
apoyada en tecnologías satelitales, para la vigilancia simultanea de los mares, la tierra y el espacio
aéreo del territorio nacional.

2. Integrar bases de datos de información sobre incidencias del delito georeferenciadas, con el fin de
identificar patrones de incidencia y establecer las medidas preventivas necesarias, con la finalidad de
realizar el registro, procesamiento, análisis y seguimiento de la información, para fortalecer las
actividades de prevención, inteligencia, investigación y de control de los fenómenos delictivos.

3. Modificaremos el marco regulatorio para que nuestra policía nacional en forma inmediata inicie las
investigaciones de los delitos en casos de que no exista flagrancia o pasadas las 24 horas de ésta.
Paralelamente la policía estará obligada a dar cuenta de inmediato a la fiscalía; esto permitirá
dinamizar los procesos y las sanciones correspondientes. En la actualidad, de acuerdo al nuevo Código
Procesal Penal, esta investigación no es posible hasta que la fiscalía lo autorice, lo que origina
demoras,
que
los
delincuentes
usan
en
su
beneficio.

4. Reestructurar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) para hacerlo funcional y
operativo.

• Asignar una importante fracción de la fuerza policial a las tareas de prevención para evitar la
comisión de delitos.
• Ejecutar un plan integral de desarrollo de infraestructura policial, que considere la construcción,
adecuación, modernización de Comisarías y Unidades Especializadas, Escuelas de Formación,
centros de entrenamiento, Complejos Policiales de Control Territorial y otros establecimientos
policiales operativos que ofrezca a la ciudadanía servicios de seguridad ciudadana de calidad, así
como la desactivación de aquellas instalaciones que no reúnan las condiciones requeridas.
• Desarrollar un plan integral de mejora de remuneraciones, beneficios y deuda social; así como la
ejecución de programas de atención de la salud, la educación y del bienestar, tales como
Hospitales, Viviendas y Colegios para el personal policial en situación de actividad, retiro y sus
familiares.
• Optimizar los filtros de acceso para los futuros policías, modernizar la currícula en las escuelas,
fortalecer la línea de carrera especializada, capacitar, especializar y perfeccionar al personal
policial en el país y en el extranjero para que tengan un alto desempeño profesional formando
cuadros y masa crítica.

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Implementar la capacitación y reentrenamiento constante de todo el personal policial en el uso
adecuado de la fuerza no letal y letal, para mejorar su efectividad, disminuir su vulnerabilidad
ante ataques de delincuentes y reducir las posibilidades de uso excesivo de la fuerza.


5. Articular el trabajo de los operadores de justicia para combatir la criminalidad con mayor efectividad

• Integrar las denuncias policiales a efectos de enlazar el expediente digital policial-judicial e
interconectar las comisarias a nivel nacional para no dilatar el inicio de las investigaciones y las
sanciones.
• Implementar la inter-operatividad de las bases de datos existentes entre el Poder Judicial, Fiscalía,
Policía y Serenazgo; lo que integrará los programas informáticos que actualmente usan de manera
dispersa y aislada.
• Establecer protocolos de actuación entre los operadores de justicia (Poder Judicial, Fiscalía y la
PNP) para contrarrestar vacíos en la aplicación de las normas que sean aprovechadas por las
organizaciones criminales a fin de evitar la impunidad y la frustración en la población.

6. Repotenciar el Instituto Nacional Penitenciario

• Construir e implementar el número necesario de penales para aliviar los problemas de
hacinamiento, incluyendo penales-factoría para promover y monitorear en forma efectiva y
continua el proceso de rehabilitación social del interno primario, brindándole capacitación técnica
y técnica-ocupacional a fin de facilitar su reinserción social.
• Recuperar el principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios, evitando que los
internos utilicen celulares u otros medios tecnológicos que posibiliten a los cabecillas dirigir desde
las cárceles a sus bandas criminales.
• Implementar un programa de control y seguridad extra-carcelario para los sentenciados por
delitos menores mediante la utilización de grilletes electrónicos georreferenciados; así como la
utilización de estos dispositivos en los autores de violencia familiar a fin de alertar a las víctimas
sobre la proximidad y presencia de sus agresores.
• Con el fin de reducir la incidencia de la captación de jóvenes promoveremos programas de
educación, salud, deporte, recreación, cultura y actividades artísticas para el fortalecimiento de
los valores éticos, así como el fomento y la recuperación de espacios públicos.
• Programa de incentivos a las empresas que contraten más jóvenes, lo que fomentara el
incremento de la demanda laboral juvenil, reduciendo los riesgos que este segmento de edad
enfrenta ante la falta de empleo.
• Penalizar la comisión de delitos menores con el fin de instaurar una cultura de tolerancia cero a
la comisión de un delito y evitar el escalamiento hacia delitos mayores. Para dichos fines se
establecerán sanciones relacionadas con trabajo comunitario.

7. Reducir significativamente las tasas de los delitos cometidos por el crimen organizado y sus delitos
conexos; combatiendo principalmente fuentes de financiamiento, pérdida del derecho de dominio,
incautación de los activos adquiridos por redes financieras y lavado de activos.

8. Implementar programas integrales de desarrollo en las cuencas cocaleras, áreas geográficas con
incidencia de minería ilegal, contrabando, para fomentar la disponibilidad de alternativas de empleo
formal y legal.

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9. Realizar labores de inteligencia para detectar y combatir las fuentes y los flujos del financiamiento de
las organizaciones criminales, especialmente aquellas actividades que inciden en el lavado de activos.

10. Ejecutar programas de prevención contra el uso de drogas y de rehabilitación de drogadictos.

DEFENSA NACIONAL

Las Fuerzas Armadas conjuntamente con las fuerzas policiales jugaron un rol muy importante en la lucha
contra el terrorismo y en el desarrollo nacional. En Fuerza Popular creemos que el estado peruano no ha
hecho aún lo suficiente para reconocer y compensar a nuestros soldados que sacrificaron sus vidas, su
salud y la seguridad de sus familias por devolverle la paz y la seguridad al país.

También, tuvieron protagonismo en garantizar las condiciones para resolver los conflictos fronterizos
pendientes y llegar a acuerdos de paz tan importantes como el alcanzado con la hermana República del
Ecuador.

Fuerza Popular considera que resulta indispensable definir nuevas políticas públicas orientadas a
fortalecer la capacidad de inteligencia, respuesta rápida, vigilancia de fronteras y otras funciones cruciales
a cargo de nuestras fuerzas armadas, frente a los riesgos que presenta el actual contexto de la seguridad
nacional en el país.
Para ello, proponemos las siguientes medidas de política pública:
1. Fortalecer la capacidad de inteligencia de nuestras fuerzas armadas aparejada de un mayor
control a cargo del Congreso, respecto de sus actividades.
2. Implementar el sistema de reservas y movilización nacional.
3. Fortalecer la capacidad técnica de nuestras fuerzas armadas de la mano con una mejora en los
salarios y las prestaciones de salud y bienestar.
4. Complementar las recomendaciones de la CVR para reparar a las víctimas militares del
terrorismo
5. Fortalecer las capacidades técnicas de nuestras fuerzas armadas para responder a emergencias
ocasionadas por los distintos desastres naturales.

RELACIONES EXTERIORES

En la últimas dos décadas el Perú se ha integrado política y económicamente a diferentes bloques del
mundo.
Tenemos tratados de libre comercio y/o acuerdos comerciales, tanto bilaterales como multilaterales con
bloques que incluyen a más de 65 países que abarcan más del 75% del PBI mundial.

Fuerza Popular profundizará la participación del Perú, tanto en el ámbito económico como en el
político, en estos bloques y acuerdos, sobre todo en la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, y
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en el apoyo a los pueblos hermanos para la recuperación plena de sus democracias, cuando así lo
requieran las circunstancias.

Asimismo, Fuerza Popular trabajará con ahínco, tanto desde el Ejecutivo como desde el Congreso, para
avanzar hacia las Reformas Institucionales que nos permitan llegar a la OCDE antes del 2021, con el
convencimiento que dichas reformas nos llevan a una sociedad más justa, más eficiente, más
inclusiva, menos violenta, y mejor preparada para un crecimiento sostenible en el futuro.

Fuerza Popular fortalecerá su participación en la Alianza del Pacífico y el Foro Económico APEC.
Asimismo tenemos el firme compromiso de trabajar por una Latinoamérica unida y en democracia.

UN ESTADO QUE GESTIONA LOS RECURSOS Y ENTREGA LOS SERVICIOS PUBLICOS CON EFICACIA Y
EFICIENCIA; QUE PLANEA Y COORDINA LAS POLITICAS Y EL GASTO PUBLICOS CON TODOS LOS NIVELES
DE GOBIERNO Y EN BASE A METAS NACIONALES; QUE EJECUTA EL GASTO EMPLEANDO SISTEMAS DE
GESTION EFICIENTES Y DECIDIENDO INVERSIONES EN BASE A LA RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS; QUE
FIJA Y MONITOREA METAS; QUE PROMUEVE LA EXPANSION DE UN SERVICIO CIVIL PROFESIONAL

Se ha afirmado en planes internos, planes de gobierno y declaraciones de política que el Estado debe estar
al servicio de la gente. Sin embargo, en lugar de que el Estado contribuya a que los peruanos y peruanas
podamos desarrollar nuestras actividades lícitas con facilidad, el Estado se ha convertido en el principal
obstáculo para la vida de los peruanos:

• La experiencia de los peruanos es que el Estado no es capaz de brindar los servicios a los que está
obligado, incluyendo educación, salud y provisión de infraestructura de calidad y, muy grave aún,
seguridad.
• La experiencia también indica que el Estado es incapaz de facilitar que los peruanos realicemos
nuestros emprendimientos económicos, sociales o políticos. En todas estas áreas el Estado ha
creado procesos administrativos complejos, tramites extensos y exige requisitos costosos y
difíciles de cumplir.
• Los peruanos en su mayoría, además, experimentan una relación disfuncional con el Estado,
donde la corrupción es común, a todo nivel.
• La experiencia de los ciudadanos muestra también que el Estado se encuentra mal organizado.
Más allá de la creación de nuevos organismos, el Estado debe ser uno, estructurado para decidir
y acto seguido implementar, con el control adecuado y un reporte permanente de sus acciones a
la población. Es una obligación del Estado que en su interior no existan duplicidades, no se
generen cruces y descoordinaciones, pero sobre todo que sea capaz de avanzar de forma
articulada; el ministro no debería quejarse del SNIP, el SNIP de la Contraloría, la Contraloría de los
Fiscales y los Fiscales del MEF; TODOS son Estado y tienen la responsabilidad de organizarse para
llevar servicios y bienestar a la población.

En el centro del debate de la reforma del Estado se encuentra el tema de la descentralización. Desde el
inicio del actual proceso de Descentralización, a partir del 2003, los gobiernos regionales y municipales
han asumido mayores roles y responsabilidades en la prestación de servicios básicos a los ciudadanos,
incluyendo educación, salud, agua y saneamiento, hasta alcanzar un tercio del total del gasto público y un
60% del gasto en inversión de bienes de capital o infraestructura. Más de la mitad del gasto de los
gobiernos municipales en infraestructura ha venido siendo recientemente financiado con recursos
provenientes de impuestos y canon pagados por las industrias extractivas. Ello implica que, ante la caída
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de los precios de los minerales y la reducción de la recaudación de los impuestos y canon correspondiente,
los recursos disponibles para que los gobiernos regionales y municipales continúen invirtiendo en
infraestructura para servicios públicos, se reducirán considerablemente. Ello se ha visto agravado por la
creciente oposición de las comunidades y de grupos políticos organizados a la operación de industrias
extractivas, que ha significado la paralización de muchas inversiones mineras importantes.

Problema 1: Falta de planeación y coordinación del gasto público entre los niveles de gobierno limita la
prestación de servicios de calidad
La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para la ejecución del gasto público es muy
limitada, sin que se exploten sinergias entre las inversiones de diferentes niveles de gobierno ni se
promueva el cierre de brechas de infraestructura ni servicios. La ejecución de los presupuestos regionales
y municipales ha ido mejorando pero muestra aun grandes debilidades en la calidad de la inversión. Se
conformaron espacios de coordinación interinstitucional pero no existió la voluntad política en las
autoridades de los tres niveles de gobierno para que esta red funcione ni el liderazgo de parte del gobierno
nacional para promover estos espacios. Legalmente se tiene un país institucionalmente organizado, sin
embargo la realidad nos muestra un país institucionalmente desarticulado, fragmentado.

La débil institucionalidad de los gobiernos regionales y municipales ocasiona retrasos en la ejecución de
obras que deben entregarse a la población y que en algunos casos quedan abandonadas; los municipios y
los gobiernos regionales adolecen de procesos de programación de ejecución de proyectos de inversión y
al no tener planes de desarrollo articulados a un plan nacional con una cartera de proyectos de inversión
para un horizonte de 5 años se ocasiona la atomización de proyectos y presupuestos los cuales no tienen
un impacto social. El deficiente y ausente proceso de planificación ocasiona que no cuenten con criterios
de priorización de proyectos, y no existen medios de comunicación que permitan acortar tiempos y
distancias entre el gobierno local, gobiernos regionales y gobierno central.

Problema 2: Los roles y funciones para la prestación de servicios no están bien definidos
La Secretaría de Descentralización sostiene que a la fecha se han transferido el 92.8% de funciones a los
gobiernos regionales (4,446 de un total de 4,810, funciones), pero esta transferencia de funciones no
planificada ha ocasionado una superposición y duplicidad de funciones entre los diferentes niveles de
gobierno y sectores, por lo que se trata de una descentralización administrativa, sin un enfoque de gestión
y sin herramientas necesarias para que las regiones y los municipios gestionen los servicios públicos.

Problema 3: Falta de convergencia regional expande la inequidad entre regiones
Según el Instituto Peruano de Economía las regiones más competitivas del país se encuentran en la Costa
siendo Lima la región más competitiva del Perú por la concentración de inversiones e instituciones,
seguida por Moquegua y Arequipa, regiones que han logrado atraer la inversión privada y pública
aprovechando sus ventajas comparativas para gestionar su territorio. Lima se constituye en el primer polo
de desarrollo nacional y la región más atractiva para cualquier actividad económica; el 48% de las micro y
pequeñas empresas se desarrollan en esta ciudad, así como el 70.2% de las medianas y grandes empresas,
el 88.56% de domicilios fiscales se concentran en Lima, mientras que solo el 11.44% se ubica en el resto
del país. Además, Lima tiene el 51.67% de la participación en el total de tributos internos recaudados;
entonces podemos decir que definitivamente el Perú es un país que centraliza sus oportunidades de
desarrollo hacia la costa y principalmente en Lima.

Problema 4: Falta de capacidades de gestión administrativa
Las municipalidades cumplen un rol fundamental en la generación de confianza de la población hacia las
instituciones públicas, sin embargo existe una débil institucionalidad de los gobiernos locales y muestran
35


una imagen débil del Estado. Una de las razones de esta falta de confianza, es la deficiente administración
pública debido a las limitaciones que tienen las municipalidades para contar con personal capacitado, que
brinden servicios de calidad; esto debido a la falta de incentivos para atraer personal calificado,
especialmente en los municipios rurales pequeños donde se encuentra concentrada la extrema pobreza.
El 75% del total de alcaldes en el Perú reciben una remuneración menor a una URSP (S/. 2,600 soles), 94
alcaldes de zonas rurales perciben una remuneración de S/. 1,040 soles mensuales. Si el titular del pliego
es el funcionario de mayor remuneración en las instituciones públicas, resulta complicado contratar
profesionales capacitados en gestión pública con remuneraciones menores a las del alcalde. Sin embargo,
todos los alcaldes sean de municipalidades urbanas o rurales tienen las mismas responsabilidades
administrativas, civiles y penales según la Ley Orgánica de Municipalidades.

Problema 5: Necesidad de definir los límites territoriales de los gobiernos municipales
Para atraer las inversiones es necesario tener un ordenamiento territorial adecuado. Actualmente el 35%
del territorio nacional está en manos de los privados, otro 30% es de las comunidades campesinas y
nativas y el 35% es del Estado a cargo de la Superintendencia Nacional de Bienes. La “imprecisión y la
carencia de límites”, constituye el principal problema de la demarcación y el origen de las actuales
controversias territoriales. El 76.8% de los distritos y el 89% de las provincias no se encuentran
debidamente delimitados y 1244 municipalidades distritales tienen menos de 5000 habitantes, las cuales
representan el 67% del total de distritos.

Problema 6: Procesos de inversión pública hacen que esta no tenga el avance necesario
En cuanto a la brecha en infraestructura (2012 – 2015), la Asociación para el Fomento de la Infraestructura
Nacional – AFIN la estimó en US$ 160 mil millones aproximadamente que representa el 79% del PBI
nacional al año 2014. Para ejecutar obras con participación de capital privado como el modelo de las
Asociaciones público-privadas (APP) se requiere que el proyecto esté priorizado en el plan de desarrollo
local, el cual usualmente requiere un año para su formulación. Después los proyectos inician con un
periodo de estructuración y adjudicación el cual es considerablemente más riguroso que el de una obra
pública tradicional, pudiendo demorar hasta dos años, incluyendo las respectivas aprobaciones ante los
respectivos organismos reguladores. De esta manera un proyecto APP estaría habilitado para su
adjudicación tres años después de que los mandatarios locales son elegidos, periodo en el cual por ley ya
no cuentan con la capacidad legal de firmar este tipo de contratos.

Otra deficiencia del modelo actual de inversiones a nivel regional es que no existe una normatividad que
permita ejecutar mega proyectos de envergadura macro regional y de impacto nacional a los gobiernos
regionales.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

Fuerza Popular propone un Reforma del Estado en base a los siguientes objetivos, que deberían a su vez,
implementar las siguientes políticas públicas.

1. El Estado, en su conjunto, debe contar con capacidades sólidas para la planeación de las políticas,
gasto e inversión públicos, con el fin de ordenar sus intervenciones en las diferentes jurisdicciones del
país y entre los diferentes niveles de gobierno, así como con mecanismos eficientes de ejecución
presupuestal.

• Creación de un Sistema Integrado de Planeación de Políticas Públicas, que comprenderá funciones
de planeación de la implementación de políticas y de inversión, así como de coordinación de dicha
36




implementación entre niveles de gobierno. Tendrá como principal objetivo definir los planes
mediante los cuales se ejecutarán las políticas del Estado, en estricta alineación con las
posibilidades fiscales de la hacienda pública, y en todos los niveles de gobierno respetando las
autonomías respectivas.
Simplificaremos el funcionamiento administrativo del Estado, haciéndolo más eficiente y eficaz,
empezando por los sistemas administrativos de gestión (Contrataciones, Presupuesto, etc.), para
darle a las obras públicas además de rentabilidad social rentabilidad económica. Entendemos que
la función principal de estos sistemas administrativos debe ser darle valor al dinero público.


2. Impulsaremos servicios de calidad para todos los peruanos, apoyando su mejora en todos los niveles
de gobierno

• En primer lugar, es responsabilidad del Estado en su conjunto coordinar la solución de los
problemas que impiden una rápida ampliación de la cobertura y la mejora de la calidad de los
servicios públicos de salud, educación, seguridad, administración de justicia, agua y saneamiento,
así como de procesos prioritarios en la gestión pública como la mejora y agilización de los procesos
de aprobación de inversiones públicas. No es posible ni justo con los ciudadanos, sostener que el
Gobierno Central no es responsable de dichos servicios y procesos porque las funciones y recursos
han sido transferidos a regiones y municipios. Ello constituye una falta de responsabilidad y
rendición de cuentas de los gobernantes. Por ello, siguiendo exitosos ejemplos de gerencia
publica implementados en el Reino Unido, Estados Unidos, Malasia y Chile, el gobierno de Fuerza
Popular implementara Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) que tendrán a su cargo
la identificación de las prioridades del Estado relacionadas con los servicios de educación, salud,
agua y saneamiento, así como con la adecuada operación de los procesos de inversión pública.
o Las Unidades de Gestión de Servicios identificaran conjuntamente con los ministerios
sectoriales y gobiernos regionales, las reformas necesarias para mejorar la calidad de la
educación y salud, acordarán los planes y acciones para la mejora de la gestión y la
prestación de dichos servicios, acordarán las metas esperadas y los indicadores para dar
seguimiento al avance de los planes, coordinaran con las diferentes entidades públicas
que deben intervenir para proveer los servicios y facilitarán el cumplimiento de sus
funciones.
o Las Unidades de Gestión de Procesos prestarán asistencia técnica a las entidades del
Estado para simplificar sus procesos y trámites, eliminar trabas y obstáculos burocráticos,
facilitar el intercambio de información entre entidades públicas para evitar solicitarla
varias veces a los interesados, propondrán medidas de mejora, acordarán planes para su
implementación y le darán seguimiento. Además, ayudarán a coordinar las intervenciones
de las diferentes entidades públicas, requeridas para completar eficiente, eficaz y
transparentemente procesos administrativos clave, como el de inversión pública.

3. Gestión pública basada en resultados
• Establecer la gestión por resultados como herramienta de gerencia, de manera que desde los
Ministros, pasando por el director de la escuela y el hospital y los maestros y médicos, no haya
funcionario público que no tenga metas específicas de resultados que muestren la mejora
progresiva del servicio prestado; y,
• Establecer estándares de calidad para la prestación de los servicios, de manera que los
compromisos de mejora asumidos por los responsables estén enmarcados en dichos estándares
de calidad. Por ejemplo, el modelo de gestión de la salud deberá contar con estándares que
37


garanticen tiempos máximos para la atención a pacientes, otorgamiento de citas, tramites y todo
tipo de servicio clave.

4. Fortalecimiento de la descentralización para hacer que cumplan sus objetivos y responsabilidades

• Reestructuraremos la tabla de remuneraciones de los alcaldes tomando criterios como
presupuesto administrado, niveles de pobreza, ruralidad y cantidad poblacional.
• Capacitaremos a los funcionarios públicos en sistemas administrativos con un
acompañamiento y monitoreo permanente para que puedan agilizar la gestión pública.
• Mejoraremos las capacidades de administración de los gobiernos regionales y locales a fin de
atender adecuadamente las necesidades del ciudadano. Generaremos competencias y
capacidades en los gobiernos regionales mediante una capacitación continua orientada a
lograr la ejecución de calidad de los planes y presupuestos.
• Actualizaremos periódicamente los criterios y condiciones de distribución de las
transferencias fiscal, de manera que se evalúen y determinen los incentivos que estimulan de
manera eficaz el desarrollo y con el fin de ir corrigiendo inequidades entre regiones y
consolidar una tendencia hacia la convergencia.
• Las transferencias a gobiernos locales y gobiernos regionales estarán condicionadas e
incentivadas a la reducción de brechas relacionadas con los servicios públicos y la
infraestructura productiva y social. Además, las transferencias serán distribuidas tomando en
cuenta una mejor clasificación de las municipalidades de acuerdo a criterios de población,
necesidades básicas, tasas de mortalidad infantil, de desnutrición, de acceso a servicios de
agua y saneamiento, luz, caminos, conectividad. Finalmente, las transferencias también
emplearán incentivos y estímulos de desempeño para promover la competencia interregional
y macro regional.
• Promoveremos compromisos o acuerdos estratégicos entre los tres niveles de gobierno y
entre regiones, denominados “Contratos Plan”, que promuevan la ejecución de obras de
infraestructura que beneficien a un conjunto de municipios y regiones para promover la
integración del territorio y la productividad.
• Generaremos espacios de participación ciudadana con herramientas que permitan fiscalizar
y contribuir a la mejora de la prestación de servicios.
• Habilitaremos el SNIP regional para que los procesos de autorización de inversión publica que
las autoridades locales y regionales deben obtener sean procesados directamente en sus
territorios.

5. Generar condiciones para el desarrollo sostenible regional y la optimización de su potencial
productivo.

• Promoveremos la inversión en infraestructura pública mediante asociaciones público
privadas, incluidas en un Plan de Desarrollo con visión de crecimiento a nivel país.
• Desarrollaremos espacios productivos descentralizados mediante la implementación de
parques industriales y tecnológicos.
• Impulsaremos la participación activa de universidades, institutos tecnológicos, cámaras de
comercio, y organismos de la sociedad civil en el desarrollo productivo de cada región, en
coordinación con CONCYTEC.
• Los centros de estudio superior adecuarán su oferta a las cadenas productivas que respondan
a los servicios productivos y a los contextos de cada región.
38










Revisaremos el marco legal y operativo de mecanismos como “Obras por Impuestos”, con el
objetivo que la inversión responda a una prioridad local avalada por el Plan de Desarrollo y la
política de inversiones del Gobierno; para garantizar que los recursos a invertir representen
la inversión más rentable posible; y para garantizar que las empresas asuman compromisos
de creación de capacidades en los gobiernos locales.
Promover proyectos de impacto nacional, garantizando una ejecución eficiente y la
culminación en los tiempos establecidos, para qué contribuyan a mejorar la calidad de vida
de la población y atracción de inversiones privadas.
Fortalecer el sistema de presupuesto participativo para incentivar una mayor participación
ciudadana en el proceso de formulación de políticas públicas, y generando mayor énfasis en
la planificación presupuestaria plurianual, para poder orientar el gasto a las necesidades de
la población en los tiempos oportunos.
Fortaleceremos el Sistema de prevención de desastres a nivel nacional, fortaleciendo entre
niveles de gobierno con el fin de poder realizar acciones de prevención oportuna y acciones
de mitigación eficientes. Reservar hasta el 10% del Fondo de Estabilización Fiscal con un
máximo de 500,000 millones para acciones de mitigación de desastre. Trabajaremos unidos
en el país involucrando los gobiernos regionales y locales.



UN GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE QUE PREVIENE Y ATACA LA CORRUPCION

Problema 1: Corrupción generalizada y en aumento
Otra problemática que aqueja a las instituciones públicas es la corrupción. En el marco de la IV Conferencia
Anticorrupción Internacional – CAAI 2013, el Contralor General de la República, indicó que las coimas y
los sobornos en el aparato estatal están calculados entre el 1% y el 2% del PBI, lo que significa unos 10,
000 millones de nuevos soles que se pierden anualmente por delitos de corrupción.
PROPUESTAS ESTRUCTURALES
1. Sentando las bases de una contraloría moderna que apoya la gestión eficiente y transparente de los
recursos públicos y el logro de las metas del gobierno

• En relación al actual Sistema de control, creemos que debe haber mayor énfasis en el dolo más
que en la comisión de faltas administrativas, fortaleciéndose el control interno, debemos
profundizar la auditoría de desempeño y la auditoría forense orientada a determinar el fraude.
Actualmente tenemos un sistema de auditoría para verificar el cumplimiento de procedimientos
o de determinadas reglas, pero ese cumplimiento en la práctica es un cumplo y miento, es decir,
cumplo el procedimiento pero robo, cumplo el procedimiento pero no elijo al mejor, etc. Aquí es
donde requerimos poner énfasis en la actuación de los Órganos de Control Interno, quienes en su
integridad debieran depender de la Contraloría General de la República, no sólo el Jefe, sino todo
su equipo, para garantizar su independencia en el ejercicio de la función de control. Para dicho
efecto se deberá asignar los recursos presupuestales a la Contraloría. Además, aquí vemos
también la necesidad de proteger a los buenos funcionarios públicos, quienes en algunas
ocasiones terminan comprendidos en una denuncia penal o un juicio, por no cumplir una norma
absurda o desfasada.
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Fortaleceremos los mecanismos de fiscalización de los recursos del Estado a través de una
Contraloría desconcentrada, autónoma e independiente administrativamente de los gobiernos
regionales y locales.


2. Mejorando la operación y transparencia de los procesos administrativos

• Iniciaremos una estandarización de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos, TUPAS,
a efectos de que los administrados, puedan entender el procedimiento que iniciarán y tenga claro
que cumpliendo determinados requisitos simples y precisos, que han sido listados en el TUPA,
obtendrán aquello que solicitan. Tipificaremos los procedimientos para hacerlos más sencillos en
bloque y a nivel nacional. Además, crearemos una sola base de datos física y tecnológica, además
de reforzar el uso eficiente de las tecnologías de la información existentes.
• Implementaremos las medidas necesarias para que la Ley de transparencia y acceso a la
información pública sea cumplida por todas las entidades del Estado.
• Implementaremos medidas para garantizar un Gobierno Abierto, de manera que la información
producida por el Estado, pagada con fondos públicos, este disponible gratuitamente a todos los
ciudadanos, garantizando que la creación y mejoramiento de servicios públicos, transparencia y
la rendición de cuentas involucre la participación de la sociedad civil.

UN ESTADO IMPERSONAL, QUE PROMUEVE, REGULA Y PROTEGE LA COMPETENCIA, QUE TOMA
DECISIONES Y ADJUDICA DERECHOS CON MECANISMOS PUBLICOS Y TRANSPARENTES

La reforma del servicio civil ha sido una aspiración nacional de hace ya varias décadas, siempre con el
mismo fin de contar con una administración pública profesional y con altos estándares éticos, que
proporcione a todos los ciudadanos servicios eficientes y eficaces, además de que sustente las bases para
el desarrollo de nuestro país. Durante los últimos años han habido avances muy importantes como la
creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil en el año 2008, la creación del Cuerpo de Gerentes
Públicos en el mismo año y la expedición de la Ley del Servicio Civil, en el año 2012.

Problema 1: La reforma requiere ajustes importantes para asegurar que sus incentivos de atraer
personal de calidad al Servicio Civil funcionen

La reforma proponía ordenar y reformar el sistema de remuneraciones publicas con el fin de atraer el
personal idóneo y más capacitado al servicio del Estado. Uno de sus componentes fuertes era que las
remuneraciones responderían a la complejidad y la responsabilidad del trabajo desempeñado. Sin
embargo, en el recientemente aprobado reglamento de compensaciones existen supuestos de inequidad
con las remuneración a directivos y el nivel tecnócrata, que impedirían fomentar una adecuada línea de
carrera. La reforma ha sido valiosa pero requiere ajustes, empezando por impregnarla de un liderazgo
significativo, existen determinadas entidades que no están incluidas por razones de índole político pero
que deberían estarlo y, finalmente, existen otros regímenes especiales respecto de los cuales debe
realizarse una necesaria evaluación acerca de su existencia y pertinencia.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. Incorporaremos de manera progresiva al régimen del servicio civil de SERVIR funcionarios de los
gobiernos regionales y locales, para cuyo efecto ejecutaremos programas de capacitación y
acreditación de funcionarios especializados en planeación, presupuesto e inversión pública.
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2. Ejecutaremos los concursos públicos necesarios para los primeros pases de los servidores públicos al
nuevo régimen, garantizando la calidad de todos los procesos de selección.

3. Revisaremos y optimizaremos el reglamento de compensaciones, para atraer al personal idóneo y
más capacitado al servicio del Estado.

4. Implementaremos un adecuado sistema de seguimiento de la reforma.



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CUARTO BLOQUE: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
Consolidando instituciones económicas inclusivas y abiertas a la
competencia, donde se promueve las iniciativas de nuestros
emprendedores, se equilibra los intereses de la inversión con el medio
ambiente y nuestras comunidades, y se garantiza que el crecimiento
llegue a todos los Peruanos




IMPULSANDO EL CRECIMIENTO ECONOMICO, PERO CON INCLUSION

El modelo económico de la Constitución de 1993 estableció las libertades económicas en base a las cuales
se han inspirado las políticas económicas de los últimos 25 años. Los últimos 10 años este modelo
económico ha hecho crecer la economía en un promedio de 6.4 % anual, uno de los más altos de la región,
y ha duplicado el ingreso per cápita, que en el resto de América Latina solo creció en un 50%. El
crecimiento ha tenido impactos positivos en la población:

• Se ha reducido la pobreza y la pobreza extrema
• El ingreso per cápita de los más pobres ha aumentado en 6.8% anual, frente a un promedio
nacional de 4.4%.
• La desigualdad cayó a un ritmo de 12.6% frente a un 5.3% de promedio regional.

Sin embargo, el modelo no se ha plasmado en nuevas políticas públicas que impulsen un crecimiento
compartido, donde la mayor riqueza generada por la inversión privada y los mayores recursos recaudados
por el Estado, se vean reflejados en reducción de la pobreza multi-dimensional, es decir, en la reducción
de las brechas de acceso a educación, salud, agua y saneamiento, o en mejores inversiones públicas para
generar infraestructura productiva, o en una mayor creación de empleo formal.

Problema 1: Las actividades económicas se encuentran trabadas

La ausencia de nuevas reformas ha impedido contar con mecanismos que permitan enfrentar la
desaceleración del crecimiento, que se ha producido principalmente por la contracción de la inversión
privada que podría haber caído en -5.5 % en el 2015. Varias razones explican esta contracción:

• El crecimiento desmedido de regulaciones que crean procesos y trámites costosos y difíciles de
cumplir, el incremento desmesurado de multas y sanciones, y las demoras de la burocracia en el
procesamiento de licencias y autorizaciones.
• Un déficit importante en infraestructura, y demora en la aprobación y ejecución de proyectos de
inversión pública, que afecta la competitividad del país para desarrollar nuevos
emprendimientos. El impacto ha sido una caída en el gasto de infraestructura aproximada de
-5%.
• Marcos regulatorios laborales y tributarios que requieren mejorarse para incrementar la
competitividad del país.

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Poca predictibilidad de los procesos administrativos públicos debido a la alta discrecionalidad de
los funcionarios públicos, frente a los mismos procesos
Limitada competencia en ciertos sectores productivos y altas barreras de entrada que reduce la
dinámica de la inversión y la innovación.


Problema 2: El gasto público es de mala calidad
Resulta necesario fortalecer la operación de las reglas fiscales que tutelan la estabilidad y el gasto público,
principalmente a nivel sub-nacional, con el fin de garantizar que el gasto sea sostenible, limitando el gasto
corriente, asegurando que mayores ingresos como producto del canon u otras fuentes se dirijan a
infraestructura, y previendo recursos para el mantenimiento regular de la infraestructura.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. El Fondo de Estabilización Fiscal fue creado con la Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal de
1999 y representa la mejor oportunidad para avanzar en el cierre de la brecha de infraestructura,
impulsar la inversión pública y promover el crecimiento económico. Por ello este Plan de Gobierno
propone el lanzamiento de un boom de inversiones productivas y inversiones sociales. Como el ratio
deuda/PBI esta en límites muy razonables, utilizar parte del Fondo de Estabilización Fiscal no expone
al Perú a ningún riesgo financiero, no afecta la sostenibilidad de su deuda, ni del gasto público y puede
convertirse en una gran locomotora de un crecimiento con características inclusivas al contemplar
inversiones sociales.

2. Establecer una Unidad de Gestión de la Inversión Pública, descrita en el Bloque sobre Reforma del
Estado, que apoyará a los sectores en la ejecución de sus procesos de inversión pública, facilitará la
coordinación inter-sectorial y simplificará los trámites.

3. Estructurar mecanismos de co-financiamiento de inversiones públicas con el fin de promover que los
gobiernos sub-nacionales inviertan sus recursos -apoyados con recursos del gobierno central- en el
cierre de brechas prioritarias de infraestructura, empleando la experiencia del FONIPREL.

4. Impulsar la elaboración de análisis sobre las limitaciones para hacer negocios a nivel regional. Estos
análisis deberían seguir la metodología del “Doing Business” elaborado por el Banco Mundial, con el
fin de reducir las trabas para la realización de emprendimientos en las regiones.

HACIENDO DEL COMERCIO EXTERIOR UNA OPORTUNIDAD PARA MAS EMPRENDEDORES Y
EMPRESARIOS



Problema 1: Deterioro del Comercio Exterior en el Perú
De acuerdo a la información estadística de SUNAT, en los últimos 5 años, la situación del Comercio Exterior
Peruano, ha ido deteriorándose:

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Balanza Comercial
Exportaciones
Importaciones
Bal. Com.
Intercambio
Comercial

US$
US$
US$

2011
2012
2013
2014
2015*
46,331,749,496 46,360,751,527 42,568,440,866
38,641,114,847
27,158,286,348
36,063,519,886 40,183,565,547 41,137,011,079
40,093,855,069
30,740,859,153
10,268,229,610 6,177,185,980 1,431,429,788 -1,452,740,222.00 -3,582,572,804.00

US$

82,395,269,381 86,544,317,074 83,705,451,945

78,734,969,916

57,899,145,501

* Datos a Octubre del 2015



De acuerdo a los gremios empresariales vinculados al comercio exterior, se proyecta que las exportaciones
peruanas, hacia fines del año 2015, únicamente asciendan a US$ 32,800 Millones de Dólares, es decir se
registraría una caída aproximada del 30% con relación a la cantidad exportada en el año 2011.

Fuente: SUNAT - Aduanas

SECTOR

ENE - DIC 2010

ENE - DIC 2011

ENE - DIC 2012

ENE - DIC 2013

ENE - DIC 2014

ENE - DIC 2015*

TOTAL NO TRADICIONAL

7,715 10,192 11,208 11,078 11,727 10,782

AGROPECUARIO
TEXTIL
PESQUERO
QUÍMICO
OTROS

2,203
1,561
650
1,228
2,073

2,834
1,990
1,051
1,654
2,663

3,059
2,177
1,041
1,636
3,295

3,408
1,928
1,067
1,510
3,166

4,204
1,806
1,189
1,522
3,005

4,264
1,331
973
1,395
2,819

DIF. % 2015 /
2014

-8.76%
1.40%
-35.72%
-22.21%
-9.10%
-6.59%

* Proyectado
Fuente SUNAT


Para el caso de las exportaciones no tradicionales, en el rubro textil, registrarían una caída aproximada
del 35% con relación al año anterior. Esta situación, repercute directamente en el empleo, teniendo en
cuenta que la industria textil orientada a la exportación, es una de las que más mano de obra contrata de
manera directa e indirecta. Por ejemplo, Colombia y algunos países centroamericanos, así como otros del
Asia, que son directa competencia del Perú, sí están aprovechando el momento para colocar sus
productos textiles en el mercado norteamericano, que hoy se encuentra en franca y sostenida
recuperación.

El deterioro peruano no obedece principalmente a la situación de la crisis económica mundial, sino por el
contrario, a políticas públicas erradas implementadas en este sector. Así por ejemplo, en los últimos años
la SUNAT, ha desarrollado una política sistemática de denegación de la devolución de impuestos a los
exportadores, efectuando auditorías inacabables a las empresas que solicitan dicha devolución. Además,
se decidió reducir la tasa del Drawback, en momentos en que las exportaciones de productos no
tradicionales viene declinando.

Problema 2: La Política de Promoción Comercial omite la necesaria interacción con el Sector Privado
La política de promoción comercial está prácticamente paralizada y desarticulada, no existe un
mecanismo de coordinación o de obtención de información respecto de los intereses del sector privado,
quien al final de cuentas es parte importante en el sector exportador, considerando que son las empresas
las que deciden y asumen los riesgos al emprender negocios ligados al mundo del comercio exterior. A
pesar de que el Perú cuenta hoy con 35 oficinas comerciales en el exterior, no se conoce las política
públicas ni los planeamientos que se debe aplicar a dichas oficinas, ni mucho menos los objetivos trazados
para revertir la caída en las exportaciones y la pérdida que viene sufriendo nuestro país en el ámbito
internacional



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Problema 3: Incremento de la tramitología vinculada al comercio exterior
Durante los últimos años existe un número cada vez más grande de trámites que deben cumplir las
empresas exportadoras peruanas para poder exportar sus productos. Asimismo, se repiten trámites para
las exportaciones en diversas entidades del Estado (se presenta una declaración para embarcar y otra
para regularizar), hasta la presentación de documentos de autorización dado que en algunos casos las
mercancías exportadas son consideradas restringidas (no por proteger el patrimonio biológico del país,
sino por proteger disposiciones de carácter administrativo).

Problema 4: No existen disposiciones legales que incentiven y promuevan MYPES exportadoras.
La Ley General de Aduanas, ha sido objeto de modificaciones durante el último periodo de delegación de
facultades, sin incluir disposición alguna, pese a su necesidad, que promueva y favorezca a las MYPEs
exportadoras. Persisten aún las serias dificultades para conseguir acceso a créditos bancarios por parte
de las MYPEs, para poder sostener sus operaciones de comercio exterior. A la fecha aún se encuentra
pendiente aprobar el reglamento que permita utilizar los fondos del seguro de garantía para las
operaciones crediticias de estas empresas, el cual fue presentado como proyecto a finales del año 2013.

Problema 5: Eliminación de los beneficios para la exportación de servicios
La exportación de servicios fue regulada en forma ambiciosa y positiva para los emprendedores y
profesionales peruanos durante el año 2011; a mediados del 2012, a través de una visión poco progresista
y cerrada del Ministerio de Economía, prácticamente se derogó toda ventaja de dicho sector, restituyendo
el cobro del impuesto general a las ventas a aquellos servicios prestados hacia el exterior, discriminando
entre la exportación de bienes (inafecta al pago de éste impuesto) de la exportación de servicios (los
cuales deben figurar en un listado muy cerrado, celosamente controlado por el MEF) y poniéndonos en la
peor posición competitiva de la región. Solo para tomar en cuenta, el Banco Mundial ha proyectado que
al año 2050, el comercio de servicios representará más del 50% del comercio mundial, y en el Perú hemos
matado la proyección a través de una legislación medieval.

Problema 6: Falta de desarrollo concertado en la infraestructura de transporte
A pesar del progreso que vivió el país entre los años 2001 al 2013, se puede observar que no ha habido
promoción ni desarrollo de la infraestructura competitiva de conexión del país. Si bien se han mejorado
la infraestructura y gestión de puertos y aeropuertos, el acceso a ellos ha colapsado. Esto ha llevado a que
los costos logísticos en el Perú lleguen en algunos casos al 30% del valor de producción, lo cual impacta la
ya golpeada competitividad exportadora de los peruanos.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. Para las pequeñas y micro empresas que trabajan en espacios públicos, crearemos un régimen
especial de formalización que necesariamente implique el otorgamiento de licencias y autorizaciones
hasta por 5 años, esto en coordinación con los planes de desarrollo económico de gobiernos locales
y municipales. Estas licencias les darán las garantías, para su inversión, acceder a créditos, a los
servicios de salud, e incluso programas de viviendas. Los emprendedores que venden en los espacios
públicos, estarán incluidos en este proyecto Perú.

2. Crearemos un régimen de TRIBUTACION CERO durante los dos primeros años de desarrollo para las
nuevas MYPES, y luego se aplicará una tarifa de tributación progresiva. Esto ayudará a las micro y
pequeñas empresas, sobre todo cuando mas lo necesitan, es decir, cuando están naciendo y
consolidándose.

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5.

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8.

9.


Implementaremos un IGV JUSTO, para las Mypes, dándoles periodos de gracia progresivos para 2 o
3 atrasos en cada ejercicio anual. Esta medida permitirá que las empresas paguen sus impuestos
cuando obtengan sus ingresos. Mas aun, rebajaremos para ellas la tasa de interés moratoria del 1.2%
al 0.5% mensual.
Crearemos la Defensoría de las MYPES ante los abusos que puedan cometer algunos malos
funcionarios o servidores de la SUNAT, Ministerio de Trabajo y/o Municipios.
Asimismo, se aplicará el Silencio Administrativo Positivo para aliviar la tramitología de las MYPES.
Un gobierno de Fuerza Popular fomentará las oportunidades para los jóvenes, para ello, crearemos
un sistema Pro Joven de inclusión laboral, con descuentos tributarios acotados para el empleador
que además los capacite.
Mejoraremos los programas de incentivos para apoyar la actividad del sector comercio exterior,
tanto a nivel tributario, como regulador.
Articularemos con el sector privado, las actividades de promoción comercial, permitiendo una
adecuada coordinación en el trabajo que cumplen las Oficinas Comerciales.
Implementaremos una política agresiva de simplificación de los procesos de importación y
exportación, promoviendo su facilitación y migración hacia procesos digitalizados y sin papeles,
dejando al control posterior las acciones de fiscalización.


10. Revisaremos y propondremos, escuchando al sector privado y a la academia, un nuevo marco
regulador para la exportación de servicios, con el objetivo final de ser los más competitivos de la
Región y generar nuevas oportunidades de negocios que generen puestos de trabajo.

11. Fortaleceremos el SENASA dotándolo de autonomía administrativa y recursos humanos y materiales
para que acompañe el crecimiento de la creciente exportación agropecuaria.

12. Rediseñaremos los programas orientados a facilitar el comercio exterior para las MYPES y su inclusión
en las cadenas logísticas de producción/exportación.

13. Revisaremos y armonizaremos el Plan de Diversificación Productiva y Plan Estratégico Nacional de
Exportaciones, para viabilizar la formación de sólidas cadenas de valor.

14. Expansión de sistemas no intrusivos de revisión de mercancías, tanto para las importaciones como
para las exportaciones.

15. Haremos de la SUNAT una entidad aliada de los buenos contribuyentes, re direccionando sus
esfuerzos para la identificación de evasores y mejoras en los sistemas de control para las mercancías
que así lo requieran.



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MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO Y EXPANSION DEL EMPLEO PARA UN CRECIMIENTO QUE LLEGUE
A MAS PERUANOS

TRABAJO

Problema 1: No existe un procedimiento consensuado y de legitimación del incremento de la
Remuneración Mínima Vital (RMV).
Esta, de acuerdo a la Constitución, debe ser regulada por el Estado con la participación de representantes
de empleadores y trabajadores. En la realidad, ante la falta de consenso del Consejo Nacional del Trabajo
(CNT), los incrementos han sido decididos políticamente.

Problema 2: Falta de consenso al interior del Consejo Nacional del Trabajo (CNT).
Órgano que, en representación del Estado, empleadores y trabajadores, debería obtener consensos en
temas de trabajo y empleo. En la realidad, su capacidad de consenso es nula.

Problema 3: El proceso de aprobación del proyecto de Ley General del Trabajo se encuentra estancado.
La expedición de una nueva Ley General del Trabajo, dirigida a consolidar la legislación laboral en un solo
cuerpo normativo no ha logrado generar consensos en el CNT ni en el Congreso. Se han polarizado las
posiciones de empleadores y de trabajadores. No existe análisis oficial del impacto en empleo formal.

Problema 4: Falta de recursos presupuestales para las tareas de fiscalización laboral.
Pese a que se ha creado la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), no se ha
cumplido con asignarse los recursos que amplíen su cobertura y mejoren la calidad de su servicio.

Problema 5: Se ha paralizado la reforma del sistema procesal laboral.
La implementación y funcionamiento del sistema que privilegia la oralidad y celeridad de las actuaciones
procesales se ha paralizado por la falta de recursos y la excesiva carga de los juzgados.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. Diseñaremos y aprobaremos un procedimiento para el incremento de la RMV estableciendo criterios
técnicos y oportunidades; y fortaleceremos el CNT para que obtenga consensos.

2. Solicitaremos la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para fortalecer
la institucionalidad del CNT, fortaleciendo las relaciones de confianza a su interior.

3. Impulsaremos la expedición de la nueva Ley General del Trabajo, desde los consensos aprobados, así
mismo, promoveremos el consenso en los temas que hoy polarizan.

4. Fortaleceremos y culminaremos el proceso de implementación de la SUNAFIL a nivel nacional,
incluyendo su función de supervisión de las Direcciones Regionales de Trabajo. Se brindarán recursos
para fortalecer a la institución y para ampliar la fiscalización, tanto del sector informal, como de las
actividades informales dentro del sector formal, con especial énfasis en la protección de los derechos
constitucionales y fundamentales en materia laboral, como la sindicalización.

5. Culminaremos progresivamente con la implementación de la reforma del proceso laboral a nivel
nacional y se dotarán de mayores recursos dirigidos a impulsar la celeridad en los juicios.

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EMPLEO

Problema 1: Ausencia de empleo Formal
El 72.8% de la PEA se encuentra en situación de informalidad lo cual le elimina la posibilidad de gozar de
derechos laborales pero por sobre todo la excluye de la protección de la seguridad social (salud y
pensiones). Adicionalmente, la tasa de desempleo de la población juvenil es al menos el doble que la del
promedio.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. Promoveremos el fraccionamiento de la deuda laboral y multas auto declaradas a fin de que formen
parte de un plan de formalización laboral monitoreado por SUNAFIL. Los conceptos auto declarados
no serán objeto de inspección mientras se mantenga vigente el plan de formalización laboral; ii) Se
establecerá estrategia de salida de los programas sociales a través de programas de empleabilidad y
empleo en particular a favor de jóvenes miembros de familias beneficiadas.

2. La formalidad laboral incentiva la productividad de las empresas. En ese sentido: i) Se ampliarán los
incentivos tributarios para fomentar la capacitación de trabajadores; ii) Se implementará el certificado
de buenas prácticas laborales dirigido a fomentar un mejor clima laboral premiando a las empresas
con incentivos tributarios, con mejor puntaje para contratar con el Estado, con la no inclusión en
fiscalizaciones laborales de oficio, entre otras alternativas; y iii) Se difundirán las necesidades del
mercado de trabajo a nivel escolar y universitario a fin de adecuar la oferta laboral a la demanda de
mano de obra de las empresas.






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QUINTO BLOQUE: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA
Un Boom de Inversiones Sociales y Productivas, donde integramos al país
económicamente

Problema 1: El gran déficit de infraestructura productiva y social
La infraestructura es un vehículo para la integración de los peruanos y base del desarrollo y de la
competitividad. La brecha de infraestructura tiene como utilidad ser referencia, un punto de partida
respecto a que monto deberá invertirse con la finalidad de alcanzar infraestructura con calidad. La brecha
alcanza a:
• Aprox. U.S. $ 160,000 millones según AFIN en noviembre de 2015
• Aprox. U.S. $ 121,000 millones según Perú Top Publications (http://gestion.pe/economia/brechainversion-infraestructura-se-cerrara-veinte-anos-si-no-se-cambia-ritmo-2131884)

Dada la variabilidad de las cifras conviene tener presente dos ideas que advierten que la brecha es un
dato relevante pero no más que eso. Los cálculos que han realizado los gremios (AFIN, CCL y otros), como
puede verse en sus propias publicaciones, NO incluyen toda la infraestructura que es necesaria o que
debería ser brindada desde el Estado. Así por ejemplo, no se incluye al deporte (estadios, canchas
deportivas y otros), a la seguridad (comisarías), bibliotecas y otros componentes de relevancia; esta
ausencia nos brinda un claro indicio que la brecha puede ser mayor por montos significativos. La brecha
es concepto mutable porque una vez cerrada ésta, se abren un conjunto de nuevas necesidades con
nuevos valores. En ambos casos debe tenerse presente que el reto de la infraestructura no sólo implica
el diseño del proyecto y su contrato, sino también su primera ejecución, su mantenimiento y operación
con calidad para que el servicio a la población perdure en el tiempo. (Además de garantizar en el tiempo
la inversión del Estado).

El Plan Nacional de Infraestructura de AFIN calcula una brecha de aproximadamente U.S. $ 11,000
millones de dólares de inversión en carreteras para el período 2016 al 2020.

Es de público dominio[1] que el Perú debería invertir sobre 6% del producto interno bruto – PBI – en nueva
infraestructura o en rehabilitación de la existente para poder cerrar consistentemente la brecha de
infraestructura. En cambio el Perú invirtió alrededor del 2% del PBI en 2012[2] lo que nos muestra una
enorme falencia producto de las indecisiones del Estado.

Problema 2: Falta mucho para dar acceso a internet la mayoría de peruanos.
En el Perú existen aproximadamente 30 millones de líneas móviles sin embargo esa expansión no es
compartida por los servicios de internet. Solo 24% de los hogares en el Perú tiene acceso a banda ancha.

Problema 3: Es necesario prever una mayor demanda de energía
Actualmente el mercado eléctrico presenta un exceso de oferta. Sin embargo, tal exceso se calcula sobre
la base de la demanda actual, es decir con los mayores proyectos mineros detenidos y con tasas de
crecimiento de demanda reducidas en línea con la reducción de nuestra economía.

Problema 4: No hay agua ni saneamiento para todos los peruanos
En Lima los pobladores en extrema pobreza pagan aproximadamente 10 veces más por el recurso de agua,
un monto aproximado de S/. 85.00 al mes. En cambio la tarifa residencial de agua en Lima es de S/. 2.35
por metro cúbico, es decir, S/. 0.00235 por litro. 8.75 millones de personas en el Perú no tienen acceso a
servicios de agua potable. 11.50 millones de personas sin acceso a servicios de alcantarillado. Algunas
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